Los obispos se enredan ante la crisis

La crisis empieza a quebrar la unidad de los obispos, con el cardenal Antonio María Rouco en la primera línea de fuego. El debate se centra, sobre todo, en el silencio de la Conferencia Episcopal Española (CEE), de la que el prelado de Madrid es presidente. Tan dada a pronunciarse sobre todo lo divino y lo humano, la CEE no ha dicho palabra sobre las dificultades económicas que padecen millones de españoles, y mucho menos sobre los culpables. Enfrente, después de meses de callar, se alzan poco a poco las voces de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que agrupa a los obispos catalanes, y de varios obispos a título personal. El último en hacerlo ha sido el de San Sebastián, José Ignacio Munilla, con severas criticas a la actuación de las instituciones financieras.

Munilla se refirió a la “dramática situación que viven las familias” en una homilía pronunciada el miércoles en la basílica de Azpeitia (Gipuzkoa) con motivo de la fiesta del fundador de los jesuitas, san Ignacio de Loyola. Dijo: “En la medida en que Occidente ha ido perdiendo sus raíces cristianas, se invierten sus valores, colocando el tener por encima del ser. Es el motivo último por el que nuestra sociedad se encuentra al borde de la quiebra. De forma bastante general, las Administraciones han gastado el dinero que no tenían y las instituciones financieras sustentaron sus escandalosos beneficios sobre una economía irreal, ficticia e insostenible. Los sueldos con los que fueron blindados los consejos de administración han sido inmorales, y siguen siéndolo”.

Sin embargo, el prelado vasco advierte de que “no se trata solamente de mirar hacia arriba, pensando que la situación presente es solo responsabilidad de quienes han llevado las riendas de la economía”. Añade: “Estamos ante un pecado del que todos hemos sido cómplices. También nosotros hemos comprado lo que no necesitábamos, pagando con un dinero que no teníamos, construyendo un modelo de sociedad contraria a los valores del Reino de Dios. Hasta en los niveles más populares se ha otorgado carta de ciudadanía al fraude fiscal. Sisar a Hacienda parece estar fuera del campo moral. Salir de esta situación va a suponer una catarsis muy grande. ¡Ojalá salgamos transformados! Las políticas de ahorro se nos imponen de forma imperiosa y pecan de hipocresía quienes se resisten a reconocer esta realidad. La situación requiere de un sacrificio colectivo para su sanación”.

La primera brecha entre la jerarquía del catolicismo, sobre todo ante sus bases obreras, se produjo la pasada primavera a causa de la reforma laboral del Gobierno Rajoy, tachada de inmoral y anticristiana por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC). “Es otra agresión al trabajo humano como principio de vida y rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital”, dijeron en un manifiesto estas dos organizaciones. El texto fue distribuido en Madrid, inicialmente, en las parroquias con un comentario de la delegación de Pastoral del Trabajo del Arzobispado, pero el cardenal Rouco ordenó a sus vicarios que desautorizasen sendos documentos “a la mayor brevedad”.

En cambio, el arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistach, también miembro de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, expresó su apoyo al documento crítico con la reforma laboral con la apostilla de que la desautorización de Rouco lo era “como obispo de su diócesis, no como presidente de la Conferencia Episcopal”.

Ahora, Martínez Sistach se desmarca otra vez del líder de la CEE haciéndose acompañar por todos los prelados catalanes, que forman la Conferencia Episcopal Tarraconense. Reunido durante tres jornadas (25, 26 y 27 de julio), este organismo publicó una nota reclamando “poder pedir responsabilidades, especialmente a aquellos que han provocado desórdenes financieros y especulación”. En concreto, la CET execra del “desencanto que produce la política, con brotes de corrupción en el ámbito de las instituciones y administraciones”.