Becerril pedirá al Gobierno que Sanidad atienda a los inmigrantes irregulares

Una semana después de tomar posesión de su cargo como Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ya sabe que la crisis económica y sus consecuencias van a ocupar la mayor parte de su tarea. Al mes de julio de 2012 las quejas por razones económicas son ya tan numerosas como las de todo el 2011 y van a la cabeza de cualquier otra materia de demanda que llega a esta institución. En su primera comparecencia desde su sede en Madrid y antes de ser recibida por el rey Don Juan Carlos, la defensora dio unos apuntes respecto hacia dónde va a dar sus primeros pasos y recomendaciones al Gobierno. De entrada va a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el que comparte militancia en el PP, que no retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares como tiene previsto el Gobierno a partir del 1 de septiembre.

Va a ser beligerante con las medidas de restricciones en materia sanitaria y farmacéutica aprobadas por decreto pero no tanto como para presentar recurso de inconstitucionalidad como ha pedido Izquierda Unida. Por las buenas, con diálogo, Soledad Becerril tratará de convencer al Gobierno de que esas medidas no pueden ser aplicadas a los más necesitados. También quiere ir varios pasos por delante del Gobierno en la Ley de Transparencia aprobada por el Ejecutivo la pasada semana. Pedirá que se penalice a las administraciones que emprendan grandes proyectos sin tener asegurada la financiación y sin que se justifique absolutamente su “rentabilidad social”.

En las escasas horas que lleva al frente de su carga, que depende de las Cortes Generales, Soledad Becerril ha apreciado la avalancha de quejas, aunque también la demanda de información, sobre las prestaciones por desempleo, los recortes en las subvenciones y la angustia de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus ahorros depositados en entidades bancarias ahora nacionalizadas.

La crisis lo llena todo y esta institución se va a someter “a los mismos ajustes” que el resto de las administraciones aunque el presupuesto del Defensor del Pueblo es bastante reducido. Este año cuenta con 14 millones de euros y de entrada le va a dar un recorte de un 2%. No se cubrirán las jubilaciones, se suprimen tres de los seis coches con los que cuenta y ella misma se baja el sueldo en un 7,14%. “¿Cuánto gana usted?”, le preguntó un periodista. “Gano 117.00 euros” anuales brutos aunque de inmediato el secretario general de la institución la corrigió: “Son 115.000 de los que hay que quitar ese 7,14%”.

No le corresponde a Becerril decidir o inmiscuirse en el debate que hay en algunas comunidades autónomas sobre la supresión de sus propios defensores del pueblo autonómicos aunque algunos ya han sido eliminados. “Aquí estamos para atender a todos los españoles, de todos los lugares de España”, se limitó a recordar. Esta Defensora del Pueblo se verá acompañada por el socialista Francisco Fernández Marugán, como adjunto primero –“del que tengo la mejor opinión”- y de Concepción Ferrer, en la adjuntía segunda, dirigente de Unió Democrática de Catalunya. Los tres se proponen “agilizar y facilitar las quejas” y lograr una respuesta de la administración “más rápida”. No hay una obligación expresa de las administraciones a responder pero esta institución tiene un arma en su mano que palía esa obligatoriedad. “Cuando una administración no responde y les decimos que pasamos el caso a la fiscalía, responden rápido”, revela.