El voto simbólico de la diáspora vasca

El Gobierno pretende que la diáspora que abandonó el País Vasco y Navarra por la presión terrorista pueda votar desde sus lugares de residencia. Acaba de publicar un informe, redactado por una comisión de 20 expertos, que podría servir de base para un proyecto de reforma de la Ley Electoral. Según el texto, los vascos y navarros residentes fuera que puedan probar que vivieron en ambas comunidades cinco años, tras las elecciones de 1977, y que declaren bajo juramento que huyeron por la presión terrorista, podrán votar. Los partidos nacionalistas se oponen frontalmente. El PSOE dice que solo es posible con un amplio consenso.

Varios expertos consultados coinciden en la importancia simbólica de la medida, en su escaso impacto real y en la necesidad de cerrarla con amplio consenso.

» Pablo Santolaya. Catedrático de Constitucional y miembro de la comisión de expertos. "Es una pretensión muy antigua de las víctimas del terrorismo y que resulta apropiado abordarla en la etapa final de ETA para la normalización vasca. Pero la Ley Electoral es muy sensible y, aunque su reforma, al requerir mayoría absoluta, la puede materializar solo el PP, es esencial que cuente con el apoyo de los principales partidos. Constitucionalmente, la reforma es viable, pese a su excepcionalidad al otorgar capacidad de votar fuera del País Vasco y Navarra a quienes lo abandonaron por la presión terrorista. El informe de los expertos ha propuesto una fórmula intermedia entre dos extremos: el análisis caso a caso de los solicitantes, víctimas de la presión terrorista, cuya materialización resultaba muy complicada. El otro extremo, dar por válida la mera declaración de los solicitantes. Ha prevalecido la posición intermedia, la declaración jurada del solicitante, que puede ser rechazada por control judicial o de la Junta Electoral”.

» Javier Tajadura. Catedrático de Constitucional. Miembro de la comisión de expertos.“No es una ocurrencia. Responde a un problema real, al que ya se refirió el ararteko [Defensor del Pueblo vasco] en 2009. Hubo mucha gente —no sé si 500 o 1.000 familias— que abandonó el País Vasco y Navarra por la presión de ETA, lo que afectó a su derecho al sufragio y alteró el censo en su localidad. Estamos, por tanto, ante una justa medida de reparación. Es una medida excepcional, que afecta al principio de igualdad, pero tiene justificación constitucional. Jurídicamente es viable y la fórmula intermedia propuesta es razonable: declaración jurada, con cinco años de residencia probada, y el control judicial y de la Junta electoral. Es una reparación simbólica sin efectos electorales. Muchos de los que tengan ese derecho no lo van a ejercer”.

» José Luis Zubizarreta. Analista político. “Este país ha vivido la anomalía de que algunas de sus gentes lo han abandonado por la presión terrorista, lo que merece un reconocimiento. Aunque también lo merece otra mucha gente amenazada que ha aguantado. La iniciativa me parece inoportuna, sospechosa de intención electoralista. Además, el procedimiento no ha sido acertado. Antes de publicarlo debía haber sido abordado y acordado entre los partidos. Me preocupa también la debilidad de su seguridad jurídica. Me parece insuficiente el sistema de declaración jurada como víctima de la presión terrorista. Van a ser pocas las personas que se acojan a este derecho”.

» José María Ruiz Soroa. Abogado. “No creo que sea masiva. Pero sí tiene una enorme relevancia simbólica: si la política vasca debe hacerse como si ETA hubiera existido o no hubiera existido. Y ETA ha existido. Jurídicamente es viable. Pero sobre todo tiene que haber voluntad política. Existen garantías jurídicas. No creo que nadie se moleste en hacer todos los trámites si no ha sido una víctima de ETA. Existe una presunción de veracidad a su favor”.

» Francisco Llera. Director del Euskobarómetro. “Es cuestión de justicia y de normalidad reconocer a las víctimas silenciosas y menos dramáticas, que se fueron por la limpieza étnica de ETA. No es posible hacer un censo. Pueden ser miles. Pero no han querido hacer pública su situación y, ahora, no quieren remover el pasado. Es ilógico abrir un debate sobre el cálculo electoral. Sería absurdo que los amigos de los terroristas tengan reconocidos sus derechos y no los tengan las víctimas”.