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El Consejo de Estado reprocha las prisas con la Ley de Transparencia

El órgano consultivo señala en su informe la falta de rigor técnico del proyecto

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de Ley de Transparencia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de Ley de Transparencia.

Defectos de redacción, de puntuación, de sintaxis. Si el Consejo de Estado hubiera tenido que poner nota al anteproyecto de Ley de Transparencia, que analizó antes de la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros del viernes, lo hubiera emplazado a una nueva convocatoria. “Debe sugerirse que se realice una completa y exhaustiva revisión del anteproyecto para corregir algunos defectos”, señala en sus conclusiones.

“Debería también cuidarse el lenguaje empleado”, añade. Y acaba señalando que “no es aventurado entender que la iniciativa legislativa merece una sosegada reflexión de conjunto de modo que se alcance un nivel satisfactorio de rigor técnico”. De hecho, durante el más de medio centenar de folios en los que plasma su examen del texto indica, en numerosos casos, que es imprecisa y excesivamente laxa. El Consejo de Estado es sutil en el planteamiento de su apreciación pero tajante en el fondo de la consideración.

Las prisas en la tramitación del texto de la Ley de Transparencia no son nuevas. La vicepresidencia del Gobierno ya decidió dar luz verde al anteproyecto antes de que culminara el análisis del comité de expertos que el propio Gobierno nombró para evaluar el texto. Sin previo aviso y un día después de su segunda reunión y cuando aún tenían pendientes otras dos, el grupo de académicos, economistas, sociólogos, politólogos y responsables de las organizaciones de estudio de la transparencia y el acceso a la información comprobaron, atónitos y sintiéndose menospreciados, cómo aquel Consejo de ministros, celebrado el 18 de mayo, debatía el anteproyecto de Ley.

Pese al boato que el Gobierno dio a la presentación de esta ley, el cuidado para su redacción no concuerda con la rigurosidad que, al menos en Consejo de Estado, se le debería exigir. Así, el mismo órgano señala que la corrección de la falta de rigor serviría para prevenir “desajustes en su articulación, desarrollo y aplicación, de los que se podrían derivar contradicciones no deseadas”.

Además, el Consejo de Estado recomendaba fijarse en las normativas que sobre la Transparencia han aprobado otros países y señala que para asegurar “los mejores resultados esperables y asequibles a la vista de las tendencias y orientaciones de los actuales avances normativos”, el derecho comparado ofrece “sugerencias e indicaciones muy positivas”.

El Consejo de Estado objeta el que no se haya solicitado informes a la Fiscalía, ni al Ministerio de Defensa, ni a las autonomías

Pero los reproches van, además, en otro sentido, ya que pese a la “consulta a todos” que, desde el primer momento destacó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, principal responsable política del texto, el Consejo de Estado apunta en su informe que “debe objetarse” que no se haya solicitado informe a la Fiscalía General del Estado, ni al Ministerio de Defensa, ni a las comunidades autónomas, ni del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que agrupó a los expertos que analizaron el texto. Los expertos ya manifestaron, en privado, su malestar y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también ha criticado que la reforma del Código Penal, que conlleva la Ley, no se haya consensuado, aunque no hizo referencia expresa a la transparencia.

El problema es que, de momento, se desconoce realmente qué correcciones ha incluido el Gobierno en el proyecto de Ley que remitirá al Congreso ya que, al igual que pasó con el anteproyecto, el texto corregido no se ha dado a conocer. Tampoco han sido accesibles las sugerencias que plantearon ciudadanos y colectivos durante la consulta popular, al igual que no lo son los informes en los que se ha basado el Gobierno para redactar el texto que, en cualquier caso, no será definitivo hasta que no se apruebe en el Congreso.

Pero la crítica política ha empezado ya y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha señalado esta mañana que "la transparencia empieza porque el Gobierno dé la cara" y la mejor forma de hacerlo, ha añadido "es ir al Parlamento, donde está representada la soberanía popular". "Luego podremos hablar del resto", ha señalado.