Torres-Dulce critica que el Gobierno no haya consensuado el nuevo Código Penal

“Me hubiera gustado que la reforma del Código Penal se hubiera hecho desde una reflexión previa, es decir, que a jueces, fiscales, abogados, procuradores, a parte de académicos de la universidad, nos hubieran preguntado antes cuáles son las perspectivas de esa reforma”. Con estas palabras, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha lamentado que el Gobierno no haya tenido en cuenta la opinión del mundo judicial a la hora de llevar a cabo esta modificación legislativa.

Antes de entrar a impartir una conferencia sobre crítica cinematográfica en los cursos de verano de El Escorial, en Madrid, el fiscal general del Estado ha reconocido no conocer la reforma que se va a llevar a cabo. Únicamente ha avanzado que parece ser “de características muy amplias”. Tras apostar por que el Código Penal sea modificado “en muchos aspectos”, ha apuntado que “desearía” que la reforma planteada por el Ejecutivo “obedezca a necesidades sociales perentorias” y que los problemas de convivencia solo tengan su reflejo en el Código Penal cuando “son una verdadera enfermedad social”.

Torres-Dulce ha insistido en que las reformas de esta ley deberían hacerse tras “una detenida reflexión, con una perspectiva de consenso y no con perspectivas coyunturales de titulares o de necesidades sociales muy próximas a los accidentes de la vida”.

El fiscal general del Estado ha añadido, con respecto a la prisión permanente revisable: "No tengo conocimiento en profundidad. El artículo 25 de la Constitución establece que las penas tienen que tender a la reinserción y a la rehabilitación social".

Torres-Dulce ha agregado que el tema no es que sea una condena perpetua, porque esto sí sería contrario al artículo 25 de la Constitución. El tema es que esa sentencia, teniendo en cuenta el comportamiento del interno y la actitud que tenga en relación con su responsabilidad penitenciaria, podrá ser revisada, en cuyo caso tendrá unos márgenes de seguridad jurídica. Quiere decir que, en todo caso, tendrá un margen temporal. Si cumple la finalidad de que las penas tiendan a la reinserción social del delincuente, en principio no habría ningún obstáculo jurídico, ha puntualizado.

En el Campus Felipe II también ha estado esta mañana el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en la clausura precisamente de un curso sobre las reformas en la Justicia. Antes, en declaraciones a los periodistas, ha coincidido en calificar de "necesaria" la reforma del Código Penal, así como la de la institución a la que él pertenece. Pero no ha compartido las críticas de Torres-Dulce hacia el Gobierno: “No hay ningún anteproyecto. Hay una comisión de expertos que ha emitido un informe, tanto en materia de ley orgánica como en materia de enjuiciamiento criminal. Ese informe tendrá que ser remitido a asociaciones, al Poder Judicial, a la Fiscalía… Entonces se convertirá en anteproyecto, luego en proyecto y después irá al Congreso”. En su opinión, los textos están por tanto “en el momento justo” de “poder enriquecerlos entre todos”.

De Rosa, quien ha añadido que lo que conoce aún del proyecto de modificación del Poder Judicial es lo publicado por los medios, ha advertido que “hay una serie de líneas que no se podrán sobrepasar”, entre ellas "desapoderar al Consejo de sus funciones esenciales constitucionales”. El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces ha especificado que está de acuerdo con reducir actividades para evitar duplicidades pero que opondría a aquello que pusiese en peligro las garantías que permiten defender la independencia de la institución. “Por lo que he leído no creo que vayan a ir por ahí las propuestas”, ha agregado.

Sobre la indemnización de 208.000 euros solicitada por el expresidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, De Rosa no ha querido avanzar cuál será su postura en el pleno del lunes, en el que se debatirá el asunto. “Tengo que estudiar el informe”, ha dicho. En su opinión habrá que determinar si es un “mandato legal inexcusable”, a lo que justo después ha añadido: “Somos juristas, muchas veces se debe aplicar la ley aunque en el fondo no se esté conforme”. Preguntado por si eso significa que en este caso no está de acuerdo con la indemnización, ha respondido: “Quiero decir lo que he dicho. Yo soy juez y ha habido veces que he aplicado la ley aunque en el fondo pensara que debía modificarse”.