María Antònia Munar cree que “nadie debería ir a la cárcel” por corrupción
La expresidenta del Consell de Mallorca fue condenada por malversación en el 'caso Maquillaje'
Con una primera condena por corrupción a cinco años y medio de cárcel -que ha recurrido-, Maria Antònia Munar, exlíder de Unió Mallorquina (UM), postula que "por temas económicos nadie debería ir a la cárcel". Siendo presidenta del Consell de Mallorca (2003-2007), según la Audiencia de Palma en el caso maquillaje, malversó 240.000 euros en subvenciones a empresas de UM, bajo su control. Sobre sí misma ha dicho: “La gente quiere culpables y ahora parece que todos los políticos son presuntos culpables”.
Empresaria y licenciada en derecho, Munar cree que los reos por ese tipo de delitos deberían retornar el dinero y cargar con multas o reproches sociales, pero no ser recluidos. “Sería realmente muy injusto que por un hecho que no ha sido en absoluto probado me pudiera encontrar en una situación tan dura y tan triste”, opinó de su condena Munar, en su cruzada contra fiscales, jueces, arrepentidos, coimputados y medios no afines. La radio oficial balear (Ib3) le brindó media hora.
Munar confía en que su recurso ante el Tribunal Supremo le librará de ir a prisión. Sin embargo, tiene otras causas pendientes. En la mañana del martes acudió a declarar en un juzgado de Palma por otro de los casos en los que está imputada, el caso Voltor. Munar negó responsabilidad en el montaje del supuesto aparato electoral corrupto de UM, pagado con fondos públicos del Consell de Mallorca.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se malversaron partidas institucionales en actividades meramente partidistas. En concreto, está documentado cómo mediante tres contratos de un consorcio público del Consell de Mallorca, con un coste cada uno de entre 110.000 y 190.000 euros, se montó y pagó parte de la red de agentes electorales de UM, hasta 30 personas.
La exlíder de UM dijo que deberían llamar a declarar en el caso a la socialista Francina Armengol, de la que afirmó que prorrogó convenios. El PSOE rechaza haber financiado a militantes con fondos públicos.
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