la reforma del poder judicial

Justicia niega que vaya a quitar competencias al Poder Judicial

El Ministerio de Gallardón replica de inmediato a las acusaciones de la APM La mayor asociación de jueces advierte de que el nuevo CGPJ estaría sujeto al "control político" Los veinte vocales, por la dedicación exclusiva del presidente, limitados a un papel "testimonial"

En un durísimo informe, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de perfil conservador, ha criticado la reforma del CGPJ propuesta por el ministro de Justicia, Alberto-Ruiz Gallardón, y la tilda de "fullera". La APM advierte de que la reforma traza las líneas maestras para un órgano sujeto al "control político" y limita a los veinte vocales a un papel "testimonial o decorativo". Es más: desmantela su independencia. El Ministerio que dirige Gallardón ha respondido inmediatamente: niega que Justicia pretenda arrebatar competencias al CGPJ, y sostiene que la APM critica una propuesta que aún no conoce, dado que lo único que se ha presentado es un informe. El consenso entre todos los grupos parlamentarios —ha manifestado el Ministerio—es el paso previo a que se remitan los informes al CGPJ y al Consejo de Estado.

De acuerdo con lo planteado por Gallardón, en el renovado Poder Judicial, solo el presidente tendrá una dedicación exclusiva. Pero otro punto de la reforma también había desatado las críticas de los jueces: doce de los vocales serían elegidos directamente por sus colegas. El ministro de Justicia se mostró dispuesto a negociar dicha elección en "diálogo parlamentario".

La APM argumenta en el informe que ha elaborado su Gabinete de Estudios que el futuro presidente del CGPJ estará frente a "una mesa de deliberación desierta, vacía y sin ninguna capacidad de actuar". La asociación de jueces critica que la reforma admita que todos los vocales sigan siendo designados por los políticos, en vez de por los jueces, mediante listas abiertas y sin restricciones de ningún tipo.

Asimismo, la asociación ve que "en la aparente ingenuidad" de la propuesta de que al Ministerio de Justicia se trasladen las competencias del sistema de selección de los jueces hay un intento manifiesto de "pleno control político", además del peligro de que dicho proceso se realice de manera "interesada". La APM también se opone al sistema de formación continua planteado, dado que, en virtud de este, será el Ministerio "quien decida qué profesionales pueden enriquecer sus méritos asistiendo a la formación que organice".

El Ministerio de Justicia ha replicado que nunca ha estado "en su mente" apropiarse de la selección y nombramientos de los jueces, así como de su formación.

De manera más contundente aún, la APM concluye que la reforma pondrá en riesgo la independencia de los jueces: "Nos veremos amarrados o amenazados en nuestro trabajo y entonces los ciudadanos no tendremos dónde acudir cuando existan abusos políticos o cuando se perjudiquen nuestros derechos individuales o colectivos por parte de la Administración".

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El informe manifiesta un profundo escepticismo ante la posibilidad de que, porque se limite la dedicación exclusiva al presidente del CGPJ, se llegue a un ahorro significativo. Este rondará los 300 o 400 euros mensuales por vocal. La cantidad de dinero, dice la APM, es escasa "para calmar a los mercados financieros internacionales", pero suficiente "para intentar desactivar el órgano".

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