Espionaje “ingente” en las entrañas del Estado

La red de tráfico de datos desarticulada recientemente por la policía en la Operación Pitiusa manejaba un “ingente” volumen de información, según consta en el sumario que instruye un juzgado de Barcelona y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La trama tenía comprado a un ejército de informadores en Hacienda, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Instituto Nacional de Empleo, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange e, incluso estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otras firmas similares.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona inició en mayo pasado una redada que hasta el momento se ha saldado con la detención o imputación de unas 150 personas. Gran parte de ellas son detectives privados que habían tejido una inmensa telaraña de la que formaban parte decenas de funcionarios de la Administración central y autonómica, así como empleados de empresas que manejan datos personales.

Otra pieza clave en la organización es Matías Bevilacqua, un ingeniero informático, un hábil hacker, capaz de penetrar en cualquier ordenador y piratear todo su contenido. Este hombre ha trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje.

Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón les alertó en diciembre pasado de que la policía estaba tras sus pasos. Así, en el sumario consta la transcripción de una llamada en la que uno de los sospechosos habla con otra persona y le avisa: “Al loro y calladita... A mí me acaban de llamar y me han dicho que iba a haber... A mí lo único que me ha llegado es que va a haber algo. Cuidado con los aparatos y con todo. Va a haber algo. Seguro al cien por cien”.

En otro pinchazo telefónico, otros dos implicados se avisan mutuamente de que la policía prepara “una movida muy gorda a nivel nacional” y deciden empezar a destruir pruebas y a borrar los indicios incriminatorios que tengan en los discos duros de sus ordenadores.

Según fuentes de la investigación, todavía no han podido averiguar quién dio el chivatazo a los detectives implicados en la trama. No obstante, consideran que se trata de un hecho “muy grave”, que, de confirmarse, probaría que la red contaba con un infiltrado próximo a los encargados de las pesquisas.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales resalta: “Los detectives de turno o intermediarios cuentan con un capital humano captado en puntos estratégicos de la Administración, a través de servidores públicos que a la postre se prestan a actos de corruptela menor, o en entes privados como operadores de telefonía o entidades bancarias con empleados infieles o la colaboración de expertos en informática forense”.

El mismo informe agrega que los informantes de la trama “se prestan a ello a cambio de sustanciales prestaciones económicas, que los peticionarios pagan gustosamente al tratarse de datos confidenciales de primera mano... Los clientes llegan a abonar hasta 30.000 euros por un informe completo sobre la posición de una empresa concreta en el mercado”.

Un dato que permita conocer dónde trabaja un ciudadano cuesta 50 euros; un historial laboral, 100 euros; una declaración de renta, entre 2.500 y 3.000 euros; un informe de Hacienda sobre las relaciones de una empresa con sus clientes vale 3.000 euros.

Este obsceno tráfico ilícito de datos “supone un negocio con gran rentabilidad para todos los miembros de la red, dado el volumen de datos que comercializan”, afirma un informe policial. Y añade: “Quienes mayores rentas obtienen son los intermediarios de primer o segundo grado, al ser expertos en la gestión de este tipo de negocios y ser conocedores de las necesidades [de información] que tienen los detectives, empresas de informes comerciales, abogados, etcétera”.

Al existir a veces hasta tres o cuatro intermediarios, la cantidad inicial abonada por el cliente se va fragmentando hasta llegar al último eslabón de la cadena (el funcionario o empleado que facilita los datos). A título de ejemplo, en el sumario se cita a la detective Sara Dionisio, que cobra a un cliente 6.000 euros por un perfil tributario que le facilita un funcionario que percibe por ello 310 euros.

En la investigación judicial se menciona también al detective Juan Antonio Rama, alias Juanito, del que se dice que solo en nueve meses de 2001 llegó a tener unos ingresos superiores a 100.000 euros, aunque posiblemente no todo ese dinero proceda de esta actividad y, además, quizás haya que descontar las tarifas que debería abonar a sus confidentes. Rama, según el sumario, “ocupa un escalón superior en la trama de comercialización de información, informes comerciales, obtención, cesión y venta de datos reservados de carácter personal, con fines lucrativos con una trascendencia desmedida”.

En las actuaciones judiciales no figura ningún cálculo sobre el volumen de datos e informes con los que ha podido traficar esta red a lo largo de los años que llevaba operando. Sin embargo, es indicativo que, por ejemplo, uno de los captadores de información acordó con uno de sus suministradores —un funcionario público— que le facilitara 500 datos diarios. De haber sido realidad este encargo, eso supone que ese confidente manejó en un mes más de 10.000 informes.

Los implicados en la trama son plenamente conscientes de que su actividad vulnera el Código Penal. En una conversación telefónica pinchada por la policía, uno de los comerciantes pide calma a su cliente porque no puede presionar a la funcionaria: “Hay mosqueo muy gordo. Ella tiene su trabajo. No se va a jugar su puesto de trabajo por las prisas que le metemos. Me dice que tiene tres niños y que, si la pillan, va a la puta calle. No vamos a quemarla ni a que nos la pillen”.

En el sumario tampoco consta un cálculo de cuántas personas han sido espiadas por esta red. Pero sí queda en evidencia que entre ellas hay desde trabajadores a directivos de empresas, enfermos, deudores de hipotecas, inmigrantes. Hasta Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, cuyos datos de tipo laboral fueron solicitados por una persona hasta ahora no identificada.

Ninguno de los 150 implicados está en prisión porque los delitos que les imputan están poco penados, según fuentes policiales. Algunos de ellos están defendidos por abogados penalistas tan prestigiosos como Fermín Morales, Judit Gené y Jordi Bertomeu García.