Juanito, el vendedor de privacidad

¿Se puede dirigir una organización criminal de 135 miembros con un móvil y desde un diminuto pueblo de unos 100 habitantes? Juan Antonio Rama Menéndez, Juanito, de 53 años, un asturiano natural de Muros de Nalón pero establecido en Tarrueza, a dos kilómetros de Laredo (Cantabria), no necesitó oficinas ni secretarias para manejar la enorme red de compra y venta de datos reservados.

Rama no tenía una estructura empresarial o comercial en la que sustentar su negocio. Su nombre aparece en varias páginas de Internet vinculado a una empresa de informes comerciales con domicilio en el número 31 de la calle de Recalde de Bilbao, pero estas señas son el despacho del detective privado Luis García, una mera tapadera.

Los pinchazos teléfonicos de la policía demuestran que Juanito dirigía la organización desde su casa en Tarrueza, un diminuto remanso de paz. Varias cuentas de correo electrónico y su teléfono móvil eran sus únicas herramientas de trabajo. No declaraba sus ingresos y cuando algún cliente le pedía factura recurría al detective Ramón Cot Romera para que la emitiera. “Las intervenciones telefónicas sirvieron para concretar que Juanito es la pieza clave en torno a la que gira gran parte de la actividad delictiva de toda la organización criminal, cuyo papel de intermediación entre el cliente que necesita el dato y la fuente que lo contiene está por encima del resto”, afirma un informe de la Policía Judicial.

Ofrecía toda clase de informes privados a cambio de entre 100 a 2.200 euros

La cartera de “productos” que ofrecía Rama era muy variada: titularidades, muebles o inmuebles, datos personales, datos con perfil fiscal o tributario, declaraciones de IRPF, impuestos de sociedades, operaciones con terceros, cuentas y balances bancarios, datos asociados a lineas de teléfonos, listados de llamadas entrantes y salientes, facturación por periodos, informes de vida laboral, cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones por desempleo, historiales clínicos, matrículas de coches y cualquier otra información privada susceptible de ser vendida. Sus clientes eran agencias de detectives privados, trabajadores dependientes o autónomos, empresas dedicadas a la elaboración de informes comerciales, estudios de mercado o solvencia. Para cada “producto”, Juanito tenía uno o varios contactos. Si necesitaba datos sobre titularidad de vehículos, matrículas, domicilios o antecedentes policiales o judiciales, recurría al detective Aitor Gómez San José, de la delegación de Winterman de Bilbao, que, según la policía, obtenía la información del guardia civil, de Vitoria, José Manuel Vidal Sánchez; o lo pedía a Genaro Simón Díaz, un agente de seguridad privada de Linares, que a su vez contactaba con el guardia civil Francisco Javier Río López. Juanito pagaba entre 90 y 100 euros y cobraba al cliente 150.

Cuando Rama necesitaba datos tributarios o fiscales de la Agencia Foral Vasca acudía al funcionario Fernando María Intxaustegui González, y si eran de la Agencia Estatal, al detective de Barcelona Ramón Cot, el que le hacía las facturas. Les pagaba de 1.300 a 1.700 euros y cobraba de 1.600 a 2.200, según los informes policiales.

Pagaba a guardias civiles y empleados de compañías de telefonía

Los datos con perfil social o laboral los obtenía a través de Tomás Ripoll Espiau, otro presunto miembro de la organización, que acudía al detective Cot o a la madre de este, Carmen Romera, ambos de Barcelona y con contactos en organismos oficiales. Para la sensible información telefónica, si era de Vodafone, recurría a Cristian Iban Ortiz Hurtado, cargo de la empresa en Bilbao; si era de Movistar, a Genaro Simón Díaz; si pasaba por Orange, al detective Rafael Palencia Mochales, de Madrid. Juanito pagaba entre 120 y 350 euros y cobraba entre 180 y 600. A veces los informes llegaban hasta 1.500 euros.

Desde mayo a diciembre de 2011, Rama recibió en su cuenta del BBVA 106.149 euros, un negocio redondo. La mayoría de los ingresos procedían de su cartera de detectives privados, una larga lista de colaboradores en la que figuraban, entre otros, Raymon Doménech Miranda, Ángel Calderón Martínez, Sebastián Sacrest Mir y José María Castro Cabana, de Barcelona; María José Bolivar Berrocal, de Santander; Estíbaliz Piriz González, de Salamanca, y Manuel Escalona Jiménez, de Sevilla. La Agencia de Protección de Datos le había abierto un expediente sancionador en 1999.