El Poder Judicial se une para nombrar un presidente frente a Ruiz-Gallardón

Las facciones del Consejo intentan frenar las reformas del ministro de Justicia

Pleno del CGPJ tras la dimisión de Carlos Dívar.
Pleno del CGPJ tras la dimisión de Carlos Dívar.GORKA LEJARCEGI

El Consejo General del Poder Judicial se reúne en pleno esta mañana para intentar nombrar un presidente que sustituya a Carlos Dívar al frente de la institución y del Tribunal Supremo y que, por otro lado, suponga un freno a las pretensiones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que la mayoría de los vocales del Consejo entienden que quiere reducir el Gobierno del tercer poder del Estado a papel casi testimonial.

Los vocales del Poder Judicial que llevan una larga temporada divididos en varios grupos, que ya no se identifican en los clásicos, progresistas y conservadores, y ni siquiera en los partidos que propiciaron sus nombramientos, recibieron el pasado viernes un impulso hacia la unidad frente al enemigo exterior. El revulsivo fue el plan anunciado por el ministro Gallardón de reestructurar por completo el Consejo. El ministro ya había amenazado durante la crisis que acabó en la renuncia de Carlos Dívar, con reducir a cinco —los miembros de la Comisión Permanente— los cargos del Consejo que iban a tener dedicación exclusiva y que por tanto iban a estar remunerados como ahora, mientras que los otros 15 vocales iban a seguir trabajando en sus respectivos destinos y cobrarían dietas por asistir a las sesiones plenarias.

Pero Gallardón quiso ir más lejos y, sin haber hablado con ningún partido político, ni asociaciones de jueces, presentó un proyecto en el que el único que tendría dedicación exclusiva sería el presidente, mientras que los restantes 20 vocales (no los puede reducir sin tocar el artículo 122 de la Constitución), despojados de muchas de sus funciones, solo cobrarían dietas por acudir a los plenos.

Incluso, para dar mayor sentido a su propuesta, Gallardón habría dado instrucciones a sus afines en el Consejo —el vicepresidente Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Claro José Fernández Carnicero y Concepción Espejel— de que se evitara a toda costa el nombramiento de un presidente hasta septiembre, con lo que quedaría claro que los vocales eran incapaces de nombrar sucesor.

Un desplante contra el que se han rebelado todas las asociaciones judiciales y ha generado un sentimiento de unidad entre los que estaban desunidos que hoy se plantean incluso realizar un pleno tipo cónclave, en el que no se salga de la reunión hasta que haya nuevo presidente. Y todos menos los cuatro mencionados estarían en ese impulso propresidencial.

El problema surge al proponer el candidato a presidente. Eso sí, todos están de acuerdo en que debe reunir la condición de magistrado del Supremo, aunque estuviera próximo a la jubilación o con estatus de emérito.

Los representantes de las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia (JpD), progresista, y Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora, saben que no puede salir elegido un nuevo presidente sin ellos, porque es imprescindible el voto favorable de tres quintos de los 20 vocales, es decir, 12 votos.

Todos los vocales consultados consideran que la única opción factible sería un candidato que no provocara el rechazo inmediato de ninguna de las sensibilidades existentes en el consejo.

Los integrantes de la APM se reunieron entre ellos para decidir qué iban a proponer. El elegido resultó ser José Ramón Ferrándiz, que había sido propuesto por Pío Aguirre y que fue presidente de la citada asociación. Este magistrado de la Sala Primera del Supremo contaría con el apoyo de Manuel Almenar, Miguel Collado, Pío Aguirre, Antonio Monserrat, Gemma Gallego, Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán, es decir APM y JpD.

Sin embargo, Ferrándiz no es apreciado por varios de los vocales que serían imprescindibles para llegar a los 12 votos, como por ejemplo Carles Cruz o José Manuel Gómez Benítez, por lo que no parece probable que este magistrado resulte elegido.

Un grupo que se ha formado en torno al magistrado Manuel Torres Vela, de la asociación Francisco de Vitoria, tendría como candidato al ex fiscal general del Estado y magistrado del Supremo Carlos Granados. A este juez votarían Gabriela Bravo, Almudena Lastra y Miguel Carmona, y quizá Fernández, Espejel, Dorado y De Rosa. Con suerte podrían sumar los votos de Margarita Uría y Ramón Camp, pero no más, por lo que no sería suficiente.

La clave estaría en que la APM propusiera un candidato con un perfil más de consenso, entre los que podría estar Jesús Corbal o Ricardo Henríquez. Alguien a quien pudieran votar Carles Cruz, Ramón Camp, Margarita Uría y Gómez Benítez, además de los cinco de la APM y los tres de JpD que van en bloque. La solución no es nada fácil, pero no es imposible. Lo que hace una semana hubiera sido una utopía por la que nadie hubiera apostado debido las diferencias irreconciliables entre varios de los vocales vocales, Gallardón la ha convertido en una posibilidad real.

Va a ser difícil, pero con una estrategia tipo conclave —de aquí no nos vamos hasta que haya un nombramiento— y un objetivo, el de oponerse a Gallardón, hoy puede haber nuevo presidente.

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