El PP acusa al PSOE de querer desviar la atención con la polémica sobre su ERE

El PP juega al ataque en un tema delicado en el que está implicado un miembro de máximo nivel del Ejecutivo. La número dos del partido, Dolores de Cospedal, ha seguido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un repentino giro en el argumentario sobre la filtración del ERE del principal partido de la oposición. Hasta ahora, la versión del Gobierno y de los populares pasaba por el silencio y, en todo caso, por negar extraoficialmente cualquier difusión de datos confidenciales de ese expediente por parte del departamento de Empleo. La filtración, según esa tesis, no había existido.

La ministra ha abierto la jornada de hoy, justo una semana después de que EL PAÍS publicase el caso de la filtración desde su correo electrónico, reconociendo implícitamente y por primera vez que sí se facilitó esa información, aunque para ello ha realizado un curioso giro. "No ha salido ni saldrá nunca una información confidencial de ningún trabajador desde el ministerio". De esta forma, Báñez intentaba salvar cualquier sanción de la Agencia de Protección de Datos, que actúa si se vulneran los derechos de los ciudadanos, pero no interviene cuando se trata de entidades o partidos.

Sin embargo, la actuación de Báñez sí encaja lo contemplado por el Código Penal en su artículo 417: "1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

Ajena a cualquier articulado penal, la ministra abrió esta mañana la ofensiva contra el principal partido de la oposición. Lo “único cierto”, ha dicho, es que “el PSOE ha hecho un ERE y nos hemos enterado por los medios de comunicación”. La titular de Empleo ha afirmado además que lo que "el PSOE quiere es negar que pretende despedir a decenas de trabajadores".

Después llegó la secretaria general del PP apuntalando la estrategia de desviar la atención acusando al rival de desviar la atención. "Hay alguien que está tratando de desviar la atención", ha afirmado. Y ha continuado: “Hay personas más interesadas en si se dio un resumen de la noticia que ya era conocida que en hablar de un ERE que afecta a unas 300 personas”.

Para los socialistas resulta paradójico que se intente desprestigiar al partido por aplicar una ley que ha ideado y puesto en marcha el Gobierno. También aseguran que no se procederá a ejecutar el ERE sin negociar con los sindicatos las condiciones del despido.

Las acusaciones del PP y del Gobierno han sido inmediatamente contestadas por el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha afirmado que el PP reconoce por primera vez la filtración de datos confidenciales del partido. “Creo que ha dicho que no se han filtrado datos de personas, no que no se haya filtrado”, ha señalado.

Este hecho (“Doy por hecho que ella lo mandó [el correo con los datos del ERE]”) ha llevado al líder del principal partido de la oposición a exigir la comparecencia inmediata de Báñez en el Congreso “por un abuso de poder inexplicable”. La reclamación iba acompañada de una advertencia: “Ya veremos si no hay un delito recogido por el Código Penal”. “Se trata de un abuso de poder del que debe dar cuanta cuanto antes en el Parlamento”, ha zanjado.