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La crisis y la sequía avivan las llamas

Las comunidadesdicen estar preparadas, pero los expertos alertan de que los ajustes también han llegado a la prevención de incendios

Un vecino señala el incendio forestal de Cortes de Pallàs (Valencia), el pasado martes.
Un vecino señala el incendio forestal de Cortes de Pallàs (Valencia), el pasado martes.

Casi 50.000 hectáreas quemadas (cerca del 60% de la superficie forestal abrasada en 2011) y un piloto fallecido es el balance de los dos incendios forestales más graves que ha sufrido la Comunidad Valenciana en décadas. Ha empezado mal un verano que los expertos prevén peligroso en los montes españoles, por el calor y la sequía. El mes pasado ya se registraron temperaturas muy altas; Madrid llegó a vivir el día y la noche más calurosos de junio desde 1920. Y entre octubre y junio llovió un 35% por debajo de la media de los últimos 30 años, según la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, la mayoría de las Administraciones, en el mejor de los casos, cuenta para luchar contra el fuego con los mismos medios que en 2011, año por debajo de la media en cuanto a siniestros y a superficie calcinada.

Expertos, ecologistas, sindicatos y oposición aseguran que los recortes llegan también a los planes antiincendios. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha recortado de más de 110 millones a 95 la cantidad para luchar contra los incendios forestales y el número total de personas que trabajan en ello se ha reducido en 200, hasta las 11.500, entre las que la Generalitat incluye a todos los bomberos municipales, policías, mecánicos, técnicos o voluntarios. Instituciones responsables de los planes antiincendios defienden, no obstante, que estos se mantienen.

Entre enero y mayo hubo 10 grandes incendios, frente a tres de media anual

Las hectáreas devastadas por las llamas en Valencia engrosan bruscamente unas estadísticas negativas desde principios de año. Los datos provisionales del Ministerio de Medio Ambiente recogen que entre enero y mayo quedaron arrasadas cerca de 50.000 hectáreas forestales. Esto hace de 2012 el segundo año con mayor superficie quemada del decenio, solo por detrás de 2002, y el primero en número de grandes incendios, los de más de 500 hectáreas. Hubo 10, ante una media de tres.

Para la Xunta de Galicia, la cifra y la virulencia de los fuegos no deben condicionar el dispositivo de extinción ni romper su planificación. En la comunidad en la que más superficie de monte arde cada año, el Gobierno gallego ha retrasado la puesta en marcha del operativo completo. La Administración reduce además en 363 los 6.056 empleados de la pasada campaña y este año se harán las “mismas jornadas efectivas” de trabajo en los montes a costa de reducir días libres. Los brigadistas trabajarán 66 días en tres meses y no 57. La reducción de personal se produce pese a que el presupuesto contra incendios ha crecido 1,4 millones, hasta los 105,4.

En comunidades como Asturias, Cantabria o País Vasco, la época de mayor riesgo está fuera de los meses estivales. Pero en Cataluña se habla de un invierno atípico. Hasta el 31 de mayo se habían quemado más de 4.300 hectáreas en 350 incendios, el triple que en 2011. El suceso más grave, ocurrido en mayo en Rasquera (Tarragona), arrasó 3.000 hectáreas. Sus consecuencias se agravaron por la negativa de bomberos voluntarios de acudir al rescate, perjudicados por los recortes. Pese a todo, el Departamento de Interior destaca el “esfuerzo” que ha hecho. Ante el elevado riesgo, la partida para la campaña forestal se ha elevado a 24,14 millones, frente a los 22,8 de 2011, pero menos que en años anteriores. “De todas maneras, hay que pensar que ajustar el dispositivo al riesgo real puede ser inviable. Hay incendios que, por sí solos, superan nuestra capacidad de inversión”, advierte Anna Martín, subdirectora general operativa de los Bomberos de la Generalitat.

Aragón mantiene el mismo operativo que el año pasado, pero sí lo adelantó de junio a abril en su fase de máximo riesgo, por el elevado nivel de peligro que motivó la sequía. Esto ha conllevado un aumento del presupuesto en 1,8 millones, hasta los 13,9. El incremento interanual es del 17,4%, siendo de las pocas que eleva esta partida. Un año en el que además ha subido la cantidad destinada a prevención. Esa apuesta por la prevención escasea en el panorama nacional, según expertos consultados. En Andalucía, el presupuesto del plan de extinción de incendios forestales (Infoca) cuenta este ejercicio con 200.000 euros más que en 2011. Son 185,8 millones, de los que el 56% van a labores de prevención, partida que desciende 6,5 millones.

“Cada caso es diferente, pero básicamente la reducción se ha producido en la gestión de montes”, afirma Miguel Ángel Duralde, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales. “Por la crisis, las comunidades han tenido que recortar, no tanto en extinción como en prevención. Hay menos dinero para limpieza, menos podas, menos apertura y mantenimiento de cortafuegos…”, añade Jesús González, director técnico del Colegio de Ingeniero de Montes.

El Gobierno gallego ha retrasado este año el operativo completo

Duralde sugiere que una tala controlada sería beneficiosa en un país que, dice, ha doblado las existencias forestales en los últimos años. Cree que habría que tender a menos biomasa acumulada, que podría aprovecharse energéticamente. La idea la comparte Antonio Gómez, secretario de política forestal de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT: “Hay bosques que no tienen que estar tan apiñados”. En Greenpeace están en contra de la reducción de estas partidas, pero añaden que el problema es “aún más grave”, porque es estructural y no se resuelve en un año. “Ahora hay árboles donde antes había cultivos o actividad ganadera. En España, la superficie forestal ha aumentado de manera muy importante y desordenada, producto del abandono”, comenta Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad de la organización. “Hay que hacer una gestión muy diferente”, agrega.

Gómez, que habla de “recortes bárbaros en el sector forestal”, cita, entre otros casos, el de Castilla-La Mancha. La presidenta, Dolores de Cospedal, anunció su intención de convertir en fijos-discontinuos los contratos de los trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Ambiental, con lo que no trabajarán cuatro meses al año.

En Castilla y León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente argumenta que no es posible dar una cifra de cuánto se va a invertir en la lucha antiincendios porque influyen partidas muy diversas. La Junta asegura que “mantiene un operativo suficiente y eficaz”. El PSOE denuncia que sí existe una reducción del 46,5%, según sus cálculos, de 12,9 a 6,9 millones, porcentaje que coincide con el de UGT.

En estas circunstancias, casos como el de Tenerife o Álava son la excepción. La consejera de Medio Ambiente de la isla, Ana Lupe Mora, afirma que este ejercicio cuenta con un equipo de 320 personas, 25 más, y dos nuevos vehículos, una autobomba y un puesto de mando avanzado. “Nivel de riesgo siempre tenemos, pero tal vez este año sea superior, dada la situación de fuerte estrés de la vegetación por el invierno tan seco”, explica. En Canarias, las competencias corresponden a los Cabildos, como en el País Vasco a las Diputaciones. Álava, pese a tener un riesgo de incendios bajo, tendrá en 2013 una cuarta Unidad Comarcal de Extinción de Incendios y Salvamento, con 12 bomberos.

Bizkaia y Gipuzkoa dicen tener prácticamente los mismos medios que el año pasado, como Navarra, La Rioja, Asturias, Extremadura, Cantabria y Baleares. Murcia habla de un plan que se ajusta a sus “necesidades actuales”. Y en la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo señala que el dispositivo no varía pero, según los sindicatos, aún no se ha contratado a todo el personal temporal.

Además de los medios regionales, el Estado aprueba cada verano un plan de actuaciones de refuerzo. Este año incluye medidas de 11 ministerios. Desde Medio Ambiente se destaca que “a pesar de los ajustes presupuestarios”, mantienen las 70 aeronaves, las 10 brigadas de refuerzo o el dispositivo de 120 profesionales para la coordinación de las bases. La Unidad Militar de Emergencia también mantiene en 3.000 el número de efectivos. El director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Juan Díaz Cruz, que coordina a todas las Administraciones, confirma que el Estado mantiene los medios. Para él, hay que incidir en la concienciación social: “Sea como sea el verano, lo más importante es que no haya descuidos que puedan originar incendios”.

Con información de María Pampín, Jesús García, Alberto G. Palomo, Andreu Manresa, F. Javier Barroso, María Comes, María Fabra y Manuel Planelles.

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