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TRIBUNA

‘Báñezgate’

Decir que la filtración del ERE del PSOE es poco ética parece demasiado suave. ¡Es indecente!

La crisis del euro y sus consecuencias asociadas han eclipsado prácticamente cualquier otro tipo de noticias. Salvo el saludable paréntesis provocado por La Roja, muy pocas de ellas suscitan alguna atención. Nuestra mirada se posa sobre la mayoría de las informaciones incluso con cierto desdén, como si tuvieran el efecto de distraernos de lo que realmente importa. Ya se sabe, primum vivere. En la última semana ha habido una noticia, sin embargo, que no podemos dejar pasar sin más. Me refiero a la filtración del ERE del PSOE directamente desde la oficina de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a un conocido medio de comunicación.

En apariencia se trata de una de tantas triquiñuelas con las que los partidos políticos entretienen a su prensa afín, haciéndoles llegar malas noticias del adversario. Dentro de la relación de dependencia mutua entre medios y actores políticos no parece nada novedoso, nada a lo que no estuviéramos ya acostumbrados.

Lo que ha hecho que esta vez se encendieran todas las campanas de alarma ha sido, sin embargo, que la filtración saliera, como acabamos de decir, desde la propia dirección de correo electrónico de la misma ministra. O, por decirlo en plan cínico, que ni siquiera se tomaran las más mínimas prevenciones para que no se pudiera rastrear cuál ha sido la fuente de información. Esto puede interpretarse de dos maneras, o como un mero despiste o como una señal de que algunos miembros del Gobierno van sobrados y no atienden ya —por decirlo suavemente— a los más mínimos requerimientos de la decencia política.

Lo grave aquí es que la ministra no ha sabido distinguir lo que es su responsabilidad como representante de un órgano del Estado de sus meros intereses de partido. La flagrante ruptura de la obligación de custodia de una información que afecta, además, a personas sujetas al derecho a la protección de datos en nombre de no se sabe bien qué tipo de beneficios políticos, hace de este asunto un síntoma más que preocupante de la deriva en la que ha entrado nuestro sistema político.

Porque este caso se suma al reciente y bochornoso espectáculo de la renovación de varios órganos constitucionales decisivos. Como el propio Tribunal Constitucional, que llevaba ya un año a la espera de que los grandes partidos se pusieran de acuerdo en la distribución de sus nuevos integrantes. Este dato nos mostró una vez más cómo los dos grandes partidos se reparten el botín del control de todas las instancias centrales, de hasta qué punto estas se encuentran ya en sus manos; de cómo han sido colonizadas por ellos. El aparato del Estado, y esta es la ya conocida tesis de la partitocracia, lleva ya demasiado tiempo siendo absorbido por los partidos, que monopolizan la acción política siguiendo el esquema de que el verdadero poder político no reside en los órganos constitucionales, sino en las organizaciones partidistas.

No saber establecer una frontera entre lo que debe ser el ejercicio de los poderes públicos en nombre del interés general, de lo que es de todos, y lo que constituye el beneficio de una de las partes de la lucha política, es el gran vicio de nuestros profesionales de la política. Y no es de extrañar que la reacción frente a este tipo de prácticas sea el aumento de la desconfianza hacia ellos por parte de los ciudadanos, o de que surjan voces clamando que “no nos representan”.

Pero hay un dato añadido, que hace de este caso algo todavía más grave, e incluso repugnante; a saber, que el propio objeto de la filtración sea un ERE, un instrumento de reorganización del personal de una empresa para facilitar el despido. ¡Y precisamente por parte de quien se supone que ha de promover el ejercicio de los derechos laborales y el empleo! O, lo que es lo mismo, el buscar mofarse de algo que, como en todas las decisiones de este tipo, tiene detrás un buen número de grandes tragedias personales.

Quien públicamente clama en contra de las inevitables medidas a las que nos fuerza la gestión de la crisis y nos pide los sacrificios necesarios no tiene empacho en facilitar que un sector de la prensa afín recoja después en clave de chanza los detalles del infortunio. Dar leña al adversario es más importante, pues, que agraviar a los afectados con nombres y apellidos. Decir que es poco ético parece demasiado suave. ¡Es indecente!