Ese dedo admonitorio

“El Tribunal considera que los actos de los recurrentes deben ser analizados en su conjunto como parte de una estrategia para llevar a término su proyecto político, contrario en su esencia a los principios democráticos preconizados en la Constitución española”. No, esta frase no podrá leerse en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional concediendo el amparo promovido por Sortu; esta frase es de la sentencia de 30 de junio de 2009 por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó el recurso presentado por Herri Batasuna y Batasuna contra su ilegalización, dando en todo la razón al Gobierno español.

Es claro que si el TC hubiera aplicado el mismo principio de análisis en la sentencia que ha otorgado a Sortu el amparo contra el auto del Tribunal Supremo que lo había ilegalizado, no habría tenido más remedio que reconocer que los actos de los recurrentes “deben ser analizados en su conjunto como parte de una estrategia para llevar a término su proyecto político”. Pues que Sortu como antes Bildu o Amaiur sean continuación, en su organización y en su actividad política, de la ilegalizada Batasuna, y todas ellas manifestaciones orgánicas de esa parte de la estrategia de ETA que llamamos izquierda abertzale, habría que estar ciego para no verlo.

Y como no lo está, lo ha visto también la mayoría del TC, que se ha tomado la molestia de detallar las conductas susceptibles de conducir a la ilegalización, por el Gobierno, de la organización legalizada por su sentencia. Todas ellas —equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado, justificación implícita del terrorismo colocando en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas con el “efecto aflictivo” de las penas a los victimarios, legitimación del terrorismo como medio necesario para la conquista de objetivos políticos, etcétera— son conductas que la izquierda abertzale ha prodigado en sus diversas manifestaciones orgánicas. Son la sustancia del relato difundido por la izquierda abertzale desde todas las tribunas que el Estado de derecho pone a su disposición, estén o no legalizadas sus organizaciones.

La cuestión política que surge de la sentencia del TC es: si a pesar de haber equiparado violencia terrorista con violencia del Estado, si a pesar de haber mostrado su equidistancia ante las víctimas, etcétera, Sortu no puede ser ilegalizado porque sus estatutos son blancos como la nieve, ¿podría serlo por el Gobierno si mantiene esas mismas conductas y esos estatutos? La respuesta es: no. Un recurso de Sortu ante el TEDH contra su eventual ilegalización ¿correría la misma suerte que los recursos de Herri Batasuna y Batasuna? Y la respuesta es también: no. El TEDH diría a sus homólogos españoles: ustedes los han legalizado cuando mantenían esas conductas y ese discurso; no pretendan ahora que esas mismas conductas y ese discurso sean causa de su ilegalización.

Todo esto ocurre por la incapacidad de dar una respuesta política a una cuestión política, o sea, a una lucha por el poder. Mejor, pues, comenzar por el principio: ETA no mata, pero existe. Legalizar a una organización que es parte de una estrategia en la que la existencia de ETA sigue siendo fundamental y pretender que esa organización se comporte como si ETA hubiera anunciado su disolución, tras reconocer públicamente el daño infligido, es un brindis al sol. En cualquiera de los ropajes orgánicos que adopte, la izquierda abertzale mantendrá todas y cada una de las conductas que el TC considera susceptibles de ilegalización; que ETA no mate implica, desde las sentencias del TC, que esas conductas podrán financiarse con fondos públicos.

Si ETA socializó el dolor, Bildu, Amaiur y, muy pronto, Sortu construyen, difunden y socializan el discurso de legitimación del terror hasta convertirlo en memoria social por aquello de que quien controla el pasado controla el futuro, a la manera orwelliana. Elementos fundamentales de ese discurso son todos los que la sentencia del Constitucional, con ese dedo admonitorio que tanto gusta de levantar en los últimos tiempos, señala como dignos de sanción. No serán sancionados, de eso podemos estar seguros, y quizá sea inevitable; una razón de más para resistir los cantos de sirena moralizantes o teologizantes sobre perdones y olvidos, sin constatar antes de manera fehaciente la disolución de ETA, la entrega de las armas y el reconocimiento público a las víctimas del terror.