Un informe del Poder Judicial concluye que no tiene más ‘casos Dívar’

El Consejo del Poder Judicial se resiste a publicar con detalle los gastos protocolarios y de viajes de sus vocales (una media de 22.000 euros por cabeza en 2011). Solo lo hará ante el Congreso y/o el Senado, si estos se lo piden. Fue lo que acordó este jueves el pleno del Consejo, que por primera vez presidía Fernando de Rosa en sustitución de Carlos Dívar, envuelto en el escándalo de sus 32 viajes de largos fines de semana, que parcialmente cargó al arcas públicas. A diferencia de lo ocurrido en las últimas sesiones, el de este jueves fue un pleno relajado, al que incluso asistió Dívar para despedirse de los vocales. Por unanimidad, el pleno acordó dejar constancia de su “permanente disponibilidad” ante el Congreso y el Senado para que los vocales den “cuenta de su actividad tanto colectiva como individualmente”. Este punto fue propuesto por José Manuel Gómez Benítez, el vocal avalado por el PSOE que destapó el escándalo Dívar.

Cuatro de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces —Félix Azón, Carles Cruz, Margarita Robles e Inmaculada Montalbán— apoyaron este acuerdo, pero exigieron una opción más potente aún, a la que se adhirió Margarita Uría, vocal propuesta por el PNV. Es decir, que el Poder Judicial, a través del presidente De Rosa, exprese a los responsables del Congreso y del Senado la disposición de los vocales, al menos de ellos, a “comparecer ya” ante ambas cámaras para dar explicaciones de sus actividades y gastos. Esta propuesta solo contó con los cinco votos a favor de los peticionarios. Los 15 vocales restantes se abstuvieron en un pleno en el que, además, la portavoz del Consejo, la progresista Gabriela Bravo, informó de un aspecto trascendente.

El Consejo encargó hace más de una semana al secretario general de este órgano, Celso Rodríguez Padrón, que indagase las cuentas y facturas del resto de los vocales. La finalidad era determinar si, aparte de Dívar, existe algún vocal más que, de forma “reiterada y sin justificación de una actividad oficial contrastada”, haya cargado al erario del Consejo gastos realizados en fin de semana y esgrimiendo su carácter reservado, como hizo Dívar. “Se puede afirmar categóricamente que no hay ningún caso análogo al de Dívar. Todos los gastos y viajes de fin de semana de los vocales han sido hacia sus respectivos lugares de residencia. Y si hubiera algún gasto en fin de semana fuera del lugar de residencia, sería excepcional”, destacó la portavoz, haciéndose eco del informe de Rodríguez Padrón, que ha analizado el 90% de la documentación disponible.

Azón y Montalbán afirman que sus gastos están fiscalizados

Apenas se habló en el pleno de los viajes internacionales de los vocales y demás altos cargos del Poder Judicial. Bravo destacó que no hay nada irregular en ellos, puesto que fueron autorizados por la Comisión Permanente del Consejo y están fiscalizados por los interventores. Y se hicieron “en cumplimiento de sus funciones y para contribuir al prestigio de la justicia española” en el exterior.

Eso sí, como respuesta del Poder Judicial “al deterioro de su imagen” por el impacto del caso Dívar, los vocales aprobaron este jueves, también por unanimidad, el plan de austeridad y transparencia, que obligará a todos ellos a justificar ampliamente sus actividades y gastos. Bravo señaló que el plan de austeridad trata de mitigar la “sombra de sospecha” que se ha extendido sobre los gastos de todos los vocales del Poder Judicial. Se trata de “unas nuevas normas de control y gestión del gasto que a partir de ahora exigirán a los vocales que justifiquen los motivos y fecha de todos sus desplazamientos”, señaló la portavoz. “Hemos ido más allá de lo que tiene ninguna Administración pública, y más allá incluso de la futura Ley de Transparencia”, destacó el vocal progresista Gómez Benítez.

El plan de austeridad y transparencia aprobado este jueves para fiscalizar los desembolsos de dinero público de los consejeros establece que los vuelos se hagan en clase turista si son de menos de tres horas de duración (los de Bruselas, los más frecuentes, son de dos horas y media), y que la dieta por alojamiento en territorio nacional no exceda de 102,56 euros. Si cuesta más la habitación, lo pagará cada vocal de su bolsillo.

Los vocales, además, no podrán alargar sus viajes más allá del día anterior y posterior al día del evento al que acuden. Y aquellos que sean de fuera de Madrid no podrán cargar al Consejo más que un viaje de ida y vuelta a su domicilio los fines de semana y festivos. 15 de los 20 vocales de que dispone el Poder Judicial residen fuera de la capital. Si hay invitaciones a comidas, los consejeros deberán identificar, en un formulario, la actividad y a quién se invita. La norma también busca adelgazar los viajes al extranjero.

Un aspecto protocolario significativo de la nueva norma, que sustituye a una de 1996 que permitía a los consejeros no tener que dar cuentas de sus gastos, es el de la agenda de actividad. Es decir, las agendas de los vocales se harán públicas, de tal forma que tendrán que informar diaria y puntualmente al secretario general de sus actividades. Y publicar estas en la web del Poder Judicial cada cierto tiempo (dos semanas). Antes no lo hacían por motivos de seguridad.