El Gobierno califica de contactos las presiones al PNV en favor de Dívar

“Me ha llamado la vicepresidenta del Gobierno para pedirme tu móvil”, le dijo Josu Erkoreka, portavoz en el Congreso del PNV, a la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría, en vísperas del pleno en el que se trataba la situación de Carlos Dívar. Soraya Saénz de Santamaría trasladó al portavoz del PNV el interés del Gobierno para que Dívar siguiera al frente del Consejo. Y pretendía hablar con Uría para pedirle directamente que colaborara para proteger a Dívar y evitar su dimisión, según fuentes directas conocedoras de la conversación. La vicepresidenta habló también con otros dirigentes políticos para inclinar la balanza en el Consejo a favor de su presidente. Por ejemplo, con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y con dirigentes de CiU.

Uría le dijo a Erkoreka que no deseaba hablar con la vicepresidenta, entre otras cosas porque ella no iba a cambiar su posición y porque en público ya había dicho que Dívar debía dimitir, según su versión. La vicepresidenta del Gobierno admitió este viernes haber mantenido esas conversaciones sobre la situación de Carlos Dívar y el Consejo.

En el pleno del CGPJ del pasado sábado, la vocal Margarita Uría denunció llamadas del Gobierno a dirigentes de su partido, el PNV, para que apoyara la continuidad del presidente, Carlos Dívar. La vocal hizo constar su malestar por lo que entendía como presiones en favor de la continuidad del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.

“Es normal que hablemos de cómo podemos trabajar para fortalecer las instituciones, lo raro sería no hacerlo”, aseguró Saénz de Santamaría, que no quiso profundizar en cómo han interpretado esos contactos las personas llamadas. “Yo, desde luego, intercambiaré opiniones con otros representantes políticos cuando alguna institución esté en situación delicada. No sería normal no hacerlo. También puedo decir que algunos me preguntaron a mí antes de que yo les preguntara a ellos”, añadió la número dos del Gobierno.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido un respaldo público a Dívar hasta el final. Así, tras el primer pleno que se celebró en el Consejo tras publicarse sus viajes privados pagados con fondos públicos, Alberto Ruiz-Gallardón se felicitó de la continuidad de Dívar. El ministro de Justicia aseguró que la decisión fortalecía la institución y se pronunció en contra de que el presidente del Consejo compareciera en el Congreso para explicar sus gastos.

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La vicepresidenta expresó este viernes su respeto por el Consejo y por el Tribunal Constitucional. De este último, Saénz de Santamaría eludió respaldar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que tachaba al tribunal de “político” y pedía su supresión para convertirlo en una sala del Tribunal Supremo. La número dos del Gobierno se limitó a explicar que trabajan para cubrir las vacantes pendientes hace cuatro años y que esperan culminar esa negociación con el PSOE en el plazo previsto en el Congreso, es decir, el próximo viernes 29 de junio.

“Alguno puede decir qui prodest (a quién aprovecha). Yo alguna vez lo he utilizado en sede parlamentaria, pero no voy a entrar ahí. Se trata de renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y alguna otra institución y que podamos fortalecer su trabajo y su composición. Espero que podamos hacerlo en el plazo marcado. Es la voluntad del Gobierno y del partido que lo sustenta”, aseguró.

Lo que sí hizo fue justificar la crítica desde el Gobierno a la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza Sortu. Saénz de Santamaría explicó que esa crítica es coherente con la actuación que ha mantenido el Estado, es decir, el Gobierno, representado por la Abogacía del Estado y el ministerio fiscal, en favor de la ilegalización de Sortu. Incluso, sin mencionarlo expresamente, se refirió a que esa era también la posición de quien era ministro del Interior y portavoz del anterior Gobierno, es decir, el actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Según dijo, es el PSOE el que ha cambiado de posición. “Este Gobierno cuando tomó posesión asumió íntegramente la posición del Gobierno anterior”, dijo.

La Ejecutiva Federal del PSOE hizo público un comunicado en el que recuerda a la vicepresidenta que “lo que ha cambiado desde hace un año es que ETA ha declarado el fin de la violencia”. El PSOE lamenta que el Gobierno “no valore la importancia del comunicado de ETA del fin del terrorismo y lo que eso significa”.

Sobre las peticiones de la izquierda abertzale y otros partidos vascos para que Arnaldo Otegi sea excarcelado, la vicepresidenta aseguró que “deben cumplirse íntegramente las sentencias que se imponen, y más en casos de naturaleza tan grave como los delitos de los que estamos hablando”.