Tras la estela de Bildu

La vieja Batasuna, que durante más de tres décadas amparó la actividad criminal de ETA con su silencio y su colaboración, optó en 2010 por rechazar el terrorismo como instrumento de acción política y fundar otro partido, Sortu, en cuyos estatutos figurase este principio. Su intención era volver a las instituciones, de las que había sido expulsada como consecuencia de la Ley de Partidos Políticos aprobada en 2002 contra las formaciones vinculadas a organizaciones terroristas.

“El nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale supone la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquellos daban lugar. Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia, o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella”, señalaban los estatutos de Sortu. Y por si no había quedado clara su desvinculación de ETA y Batasuna, apostillaba: “Mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular de la organización ETA (…) En definitiva, el compromiso del partido político con las vías exclusivamente políticas y democráticas es firme e inequívoco, no sujeto a variables tácticas”.

Nueve de los 16 magistrados de la sala especial del 61 del Supremo entendieron que los estatutos solo representaban un “alejamiento táctico de la violencia” y el rechazo al terrorismo era solo “cosmético, retórico e instrumental” para presentarse a las elecciones. Otros siete magistrados discreparon: “Solo cabe ilegalizar a un partido sobre la base de sus actividades o conductas y, por tanto, cuando estas se hayan producido, no cabe la ilegalización preventiva”.

Con Sortu ilegalizado por nueve votos a siete en el Supremo, el Constitucional se enfrentó al recurso con un antecedente en sus archivos que permitía intuir el fallo final.

En 2011, el Constitucional legalizó por seis a cinco a Bildu, la coalición integrada por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternatiba. Su sentencia contradecía al Supremo que consideró a Bildu una continuidad de Batasuna.

En el caso Sortu se repite el esquema con los mismos magistrados a favor de la legalización (seis, del sector progresista) y en contra (cinco, cuatro conservadores y el progresista Manuel Aragón Reyes). La decisión del Constitucional es trascendente para la historia de España porque vuelve a meter dentro de la ley a la vieja Batasuna, aunque en este caso, a diferencia de lo que ocurría hasta 2010, el partido que representa a la izquierda radical independentista vasca rechaza en sus estatutos la violencia terrorista de ETA, a la que apoyó durante más de 30 años.