La policía investiga ahora oficialmente el ático marbellí del ‘número dos’ de Aguirre

El comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el PP, ordenó el pasado 11 de junio la apertura de una investigación oficial y secreta sobre el ático de lujo en Marbella (Málaga) que usa Ignacio González, vicepresidente del Gobierno madrileño que dirige Esperanza Aguirre. La base de tales pesquisas, ya comunicadas a la Fiscalía Anticorrupción, es una denuncia que presentó el secretario general del SUP (Sindicado Unificado de Policía), José Manuel Sánchez Fornet, por sospechar que pudo haber comprado el piso con “una suma importante de dinero obtenido de forma ilícita”.

La denuncia de Sánchez Fornet ante Rodríguez Ulla se produjo después de que Anticorrupción archivara el pasado 11 de mayo otra denuncia sobre dicha finca presentada por ese sindicato, y en la que se admitía en su escrito acusatorio que podría servir “en su caso, para una investigación policial”. El líder del SUP, ante tal sugerencia, remitió toda su documentación a dicho comisario.

Pero Sánchez Fornet hizo algo más: le envió una carta en la que amagaba con acudir a los juzgados si no le veía actuar con profesionalidad en este asunto, y alertaba contra esos “mandos policiales que obedecen consignas políticas o incumplen la ley, o que dejan de cumplir con su obligación”.

“Pasado un tiempo prudencial, si no se ha iniciado investigación policial o ésta no ha tenido resultado, remitiremos los datos adjuntos y otros que podamos obtener al juzgado que corresponda por si estima conveniente actuar y esclarecer aquello que nosotros no hayamos podido o querido hacer”, concluía la misiva.

Un mes después de tal carta, Rodríguez Ulla ordenaba la apertura de unas diligencias oficiales y secretas sobre el ático de González. Tienen número de registro oficial, y han sido inscritas en el archivo informático interno que aglutina las informaciones y pesquisas sobre el investigado para evitar duplicidades. Además, esta investigación policial ha sido comunicada a Anticorrupción. La anterior investigación sobre tal ático solo fue ordenada verbalmente por el fallecido director adjunto operativo Miguel Ángel Fernández Chico, nombrado por el Gobierno socialista, y se consideraban unas diligencias informativas. Uno de sus autores, el ex comisario de Marbella, Agapito Hermes —trasladado a Madrid tras difundirse pesquisas—, fue objeto de un expediente por el actual ministro del Interior, Jorge Fernández, que cuestionó la legalidad de esa labor. Aún no ha sido sancionado ni se ha probado tal ilegalidad.

Ignacio González siempre ha argumentado que alquilaba ese ático para su uso privado (2.000 euros al mes) y ha manifestado que hasta ahora ninguna investigación policial, judicial o periodística ha demostrado que cometiera ninguna ilegalidad.

Mientras tanto, políticamente el Partido Socialista de Madrid anunció ayer que solicitará una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para esclarecer este caso. Así lo puso de manifiesto el senador socialista por Madrid, Enrique Cascallana, tras mantener una reunión en la cámara Alta con miembros de la dirección del grupo parlamentario socialista en la Asamblea y representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

Tal y como explicó ayer el socialista Cascallana, la petición del SUP a todos los grupos políticos de que estos hechos se investigaran ha dado lugar a la presentación, por parte de los socialistas madrileños, de cinco preguntas orales en el parlamento regional que fueron desestimadas ayer por la Mesa de la Asamblea, que controla el PP por mayoría.

Asimismo, el senador y diputado regional ha recordado que los socialistas insisten en la comparecencia del ministro del Interior en la cámara Alta, solicitada el pasado 11 de abril y sobre la que aún no se ha obtenido respuesta.