17 jueces decanos reclaman al CGPJ que esté “a la altura de las circunstancias”
Los decanos sostienen que la situación afecta al funcionamiento del Estado de Derecho
A las críticas vertidas por las asociaciones de jueces por la situación creada por el enrocado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se han unido 17 jueces decanos que han suscrito un comunicado en el que reclaman al Consejo que esté “a la altura de las circunstancias” ante un escenario que califican de “grave”.
Los decanos relatan en su escrito el sentimiento de “vergüenza y tristeza” que la situación ha generado en el colectivo judicial que, además, consideran que es “gravemente perjudicial para la imagen del Poder Judicial ante los ciudadanos y afecta al mismo funcionamiento del Estado de Derecho”. El CGPJ celebra mañana un pleno extraordinario para analizar la polémica creada después de que uno de los vocales del Consejo, José Manuel Gómez Benítez, le denunciara por cargar a las arcas públicas 32 viajes a Puerto Banús (Marbella) y a otras ciudades españolas.
“Los jueces decanos abajo firmantes lamentan profundamente la situación de desprestigio que amenaza a la carrera judicial debido a los recientes acontecimientos por todos conocidos, que nada tienen que ver con el trabajo cotidiano de los 4.800 jueces y magistrados de este país, cuya labor responsable, seria y abnegada, puede quedar desprestigiada por razones que les son totalmente ajenas, máxime cuando la austeridad ha sido siempre consustancial al trabajo y a la misma actitud de los jueces", indican sin mencionar los viajes cargados al erario realizados por el presidente del CGPJ. El escrito firmado por los decanos de Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Orense, Sevilla, Valencia, Vitoria, Vigo y Zaragoza.
El comunicado también aprovecha para criticar la politización del Poder Judicial, “a menudo sumido en disputas internas alejadas de los problemas cotidianos de los jueces” y la presión que el Ejecutivo está haciendo sobre este que “no le dota de los medios humanos y materiales imprescindibles”.
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