Un mandato marcado por el ‘caso Mari Luz’, la protesta judicial y sus viajes

7 de mayo. El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denuncia ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo los gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo.

21 de mayo. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, archiva la denuncia, exculpa a Dívar y avala el gasto de dinero público sin justificar.

29 de mayo. El Servicio de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial recibe 1.300 peticiones ciudadanas para Dívar dimita.

30 de mayo. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del abogado Luis Mazón.

31 de mayo. Dívar comparece para explicar los viajes desde 2008, pero no aporta información ni detalles.

5 de junio. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía del Estado que le remita el expediente. Previamente la asociación querellante, Preeminencia del Derecho, ha ratificado en forma la querella contra Dívar.

6 de junio. Los vocales del Poder Judicial Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón solicitan su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Justicia para informar de sus actividades y poner en evidencia a Dívar. El PSOE anuncia que pedirá la dimisión del presidente del Supremo.

7 de junio. La Asociación de Abogados Demócratas para Europa (ADADE) ejerce una acción pública para exigir responsabilidades contables y que el Tribunal de Cuentas obligue a la devolución del dinero gastado en los viajes.

11 de junio. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo remite a los 14 magistrados del pleno la decisión sobre la querella contra Dívar.

12 de junio. El PP acepta en la Mesa del Congreso, después de cuatro vetos, la comparecencia de Dívar. No obstante, elude concretar la fecha. Los miembros del Poder Judicial, conocen nuevos viajes de Dívar, que suman 32, y más facturas. El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla confirma que una justificación de Dívar es falsa y que nunca fue invitado.

13 de junio. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza por 11 votos a 4 la querella de la asociación Preeminencia del Derecho al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida y malversación.

14 de junio. Dívar se ve forzado a convocar un pleno el sábado para debatir su dimisión.

En sus últimos años al frente de la Audiencia Nacional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, apenas tuvo oportunidad de mojarse en su función de juez o, simplemente, de árbitro. Cuando lo hizo, sus decisiones resultaron inútiles para frenar leyes o iniciativas a las que se opuso. Los hitos principales de su paso por el Poder Judicial y por el Supremo fueron tres.

- CASO TIRADO. Nada más aterrizar en la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal presentó un recurso contra la decisión de ese organismo de sancionar con falta leve –multa de 1.500 euros- en lugar de suspender en sus funciones al juez Tirado, que mantuvo sin ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta que acabó con la vida de la niña Mari Luz cuando estaba libre pese a que debía estar preso. Gobierno, PSOE y PP, reclamaban penas duras contra Tirado entre la indignación social. Los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial se conjuraron para evitar una sanción más grave a Tirado. Dívar votó con ellos.

- LEY DEL ABORTO. La nueva Ley del Aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante en el último tramo de su segunda legislatura tenía que ser informada por el Consejo General del Poder Judicial, como es preceptivo. Dívar, que fue nombrado gracias al dedo de José Luis Rodríguez Zapatero, impuso sus profundas creencias religiosas sobre el proyecto de ley que se estudiaba para votar con el grupo conservador, lo que forzó un empate a 10 votos más una abstención, del vocal elegido a propuesta de CiU en el Consejo. Eso hizo que no hubiera informe del Poder Judicial sobre la nueva Ley del Aborto, un hecho insólito en ese organismo bajo la presidencia de Dívar.

- BILDU Y SORTU. Como presidente de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que dirime las cuestiones relacionadas con al Ley de Partidos Políticos, Dívar tuvo que pronunciarse sobre la ilegalización de Bildu y de Sortu. En ambos casos, votó con los magistrados más conservadores para evitar que las formaciones abertzales pudieran estar presentes en las elecciones. En ambos casos, el Tribunal Constitucional acabó anulando las sentencias del Tribunal Supremo.