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Un mandato marcado por el ‘caso Mari Luz’, la protesta judicial y sus viajes

El anómalo consenso de su nombramiento se ha hecho evidente a lo largo de la presidencia

Carlos Dívar preside una reunión de vocales del Poder Judicial. Ampliar foto
Carlos Dívar preside una reunión de vocales del Poder Judicial.

Carlos Dívar llegó a la presidencia del Tribunal Supremo hace cuatro años. Su condición conservadora y religiosa no parecía idónea para el consenso entre el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el hoy jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, pero no fue así. Los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial respaldaron la designación de Carlos Dívar, hasta entonces presidente de la Audiencia Nacional, como primera autoridad judicial de España.

En diciembre de 2008 se enfrentó a su primer escándalo. El magistrado de Sevilla Rafael Tirado no ejecutó una sentencia de ingreso en prisión del pederasta Santiago Del Valle, condenado por el asesinato de la niña Mari Luz y que debía haber estado en prisión. El Poder Judicial finalmente impuso una sanción de 1.500 euros al juez para saldar los errores judiciales del caso Mari Luz.

Cronología de un escándalo

7 de mayo. El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denuncia ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo los gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo.

21 de mayo. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, archiva la denuncia, exculpa a Dívar y avala el gasto de dinero público sin justificar.

29 de mayo. El Servicio de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial recibe 1.300 peticiones ciudadanas para Dívar dimita.

30 de mayo. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del abogado Luis Mazón.

31 de mayo. Dívar comparece para explicar los viajes desde 2008, pero no aporta información ni detalles.

5 de junio. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía del Estado que le remita el expediente. Previamente la asociación querellante, Preeminencia del Derecho, ha ratificado en forma la querella contra Dívar.

6 de junio. Los vocales del Poder Judicial Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón solicitan su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Justicia para informar de sus actividades y poner en evidencia a Dívar. El PSOE anuncia que pedirá la dimisión del presidente del Supremo.

7 de junio. La Asociación de Abogados Demócratas para Europa (ADADE) ejerce una acción pública para exigir responsabilidades contables y que el Tribunal de Cuentas obligue a la devolución del dinero gastado en los viajes.

11 de junio. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo remite a los 14 magistrados del pleno la decisión sobre la querella contra Dívar.

12 de junio. El PP acepta en la Mesa del Congreso, después de cuatro vetos, la comparecencia de Dívar. No obstante, elude concretar la fecha. Los miembros del Poder Judicial, conocen nuevos viajes de Dívar, que suman 32, y más facturas. El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla confirma que una justificación de Dívar es falsa y que nunca fue invitado.

13 de junio. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza por 11 votos a 4 la querella de la asociación Preeminencia del Derecho al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida y malversación.

14 de junio. Dívar se ve forzado a convocar un pleno el sábado para debatir su dimisión.

Esta situación derivó en una protesta general de los miembros de la administración de justicia, que atribuyeron la crisis a la falta de medios. Dívar llegó a justificar en el Congreso la actitud de los jueces.

Su religiosidad también ha interferido en el trabajo del Consejo y lo hizo en el informe de la vocal Margarita Uría que avalaba la constitucionalidad de una ley de plazos del aborto. Finalmente, Dívar impidió su aprobación.

Pero el hecho más relevante de su mandato ha sido la suspensión cautelar de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional el 14 de mayo de 2010. Lo hizo tras la apertura del juicio oral contra el exjuez por investigar los crímenes del franquismo. Previamente, ya había cuestionado a Garzón por el caso Gürtel, cuyo principal implicado, Francisco Correa, ejerció la acusación contra el juez que le investigó.

Tras la condena de Garzón, Dívar no dudó en defender en el Congreso la "honestidad" de los jueces del Supremo. Estaba a punto de enfrentarse al escándalo de su viajes, precedido por uno a Costa de Marfil al que renunció. Fue gracias al vocal José Manuel Gómez Benítez quien alertó que costaba 13.900 euros, era innecesario y estaba orientado a técnicos de segundo nivel.

Este enfrentamiento se produjo tan solo un mes antes de que el mismo vocal denunciara finalmente por presunta malversación de fondos públicos al presidente ante la Fiscalía General del Estado. Gómez Benítez consideró que había podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes en su mayoría privados, siempre coincidiendo con fines de semana, casi todos ampliados a cuatro días, algunos con justificaciones falsas y en hoteles y restaurantes de lujo.

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó el miércoles 13 de junio, por 11 votos a cuatro, no admitir a trámite la querella de la asociación Preeminencia del Derecho y archivar las actuaciones, al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida ni malversación de caudales en los gastos de 32 viajes a Marbella y a otros destinos cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.

El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo finalmente se vio obligado a convocar el pleno de su dimisión el sábado día 16 de junio a las once.

El día que Carlos Dívar se mojó

En sus últimos años al frente de la Audiencia Nacional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, apenas tuvo oportunidad de mojarse en su función de juez o, simplemente, de árbitro. Cuando lo hizo, sus decisiones resultaron inútiles para frenar leyes o iniciativas a las que se opuso. Los hitos principales de su paso por el Poder Judicial y por el Supremo fueron tres.

- CASO TIRADO. Nada más aterrizar en la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal presentó un recurso contra la decisión de ese organismo de sancionar con falta leve –multa de 1.500 euros- en lugar de suspender en sus funciones al juez Tirado, que mantuvo sin ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta que acabó con la vida de la niña Mari Luz cuando estaba libre pese a que debía estar preso. Gobierno, PSOE y PP, reclamaban penas duras contra Tirado entre la indignación social. Los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial se conjuraron para evitar una sanción más grave a Tirado. Dívar votó con ellos.

- LEY DEL ABORTO. La nueva Ley del Aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante en el último tramo de su segunda legislatura tenía que ser informada por el Consejo General del Poder Judicial, como es preceptivo. Dívar, que fue nombrado gracias al dedo de José Luis Rodríguez Zapatero, impuso sus profundas creencias religiosas sobre el proyecto de ley que se estudiaba para votar con el grupo conservador, lo que forzó un empate a 10 votos más una abstención, del vocal elegido a propuesta de CiU en el Consejo. Eso hizo que no hubiera informe del Poder Judicial sobre la nueva Ley del Aborto, un hecho insólito en ese organismo bajo la presidencia de Dívar.

- BILDU Y SORTU. Como presidente de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que dirime las cuestiones relacionadas con al Ley de Partidos Políticos, Dívar tuvo que pronunciarse sobre la ilegalización de Bildu y de Sortu. En ambos casos, votó con los magistrados más conservadores para evitar que las formaciones abertzales pudieran estar presentes en las elecciones. En ambos casos, el Tribunal Constitucional acabó anulando las sentencias del Tribunal Supremo.

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