El gran secreto de Zapatero y Rajoy

El pasado lunes, a primera hora de la mañana, nueve personas llegaban al hotel Orfila, junto a la sede del PP en la calle de Génova. A las 19.30, otras nueve entraban en la sede de la Fundación Ramón Rubial del PSOE, en la calle de Ferraz.

Quienes acudieron a esas citas son los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial que iban a reunirse con los portavoces del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría. Su nombramiento es fruto del pacto que ha roto casi dos años de bloqueo.

El PSOE hizo expreso su rechazo a Hernando durante la negociación

"¿Sigue en pie lo de Dívar?", le preguntó Rajoy a Zapatero el lunes pasado

Los dos portavoces arengaron a sus vocales y, de forma más o menos explícita, les dijeron que debían cumplir el pacto de los dos partidos en la votación para la presidencia y la vicepresidencia del Consejo. A la hora de la reunión de los vocales del PP aún no se sabía que José Luis Rodríguez Zapatero, para sorpresa de todos, había elegido a Carlos Dívar. El presidente se lo comunicó en julio a Mariano Rajoy. Pero ni Alonso ni Sáenz de Santamaría lo sabían cuando negociaban. Lo más que le dijo Rajoy a su portavoz es algo así como: "El asunto del presidente está cerrado". Y la portavoz del PP sólo les pudo decir a sus vocales que votaran al presidente que pactaran, fuera el que fuera. Todos se enteraron por la prensa de que debían apoyar a Dívar. Miguel Carmona, que por la mañana encabezó un conato de rebelión, ni siquiera lo planteó por la noche ni en su reunión de casi 20 minutos con Alonso.

Esos encuentros eran la culminación de un proceso que se inició en abril y que ha tenido como protagonistas fundamentales a Alonso y a Sáenz de Santamaría. La primera de la docena de reuniones fue el 18 de abril. Todas han tenido lugar en los despachos de los dos portavoces en el Congreso. Con agua y Coca-Cola light. Junto a ellos han participado en algún momento el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los diputados del PP, Ignacio Astarloa y Federico Trillo. Éste sustituyó a Astarloa tras el congreso del PP el 20 de junio.

Astarloa es más rocoso, tosco y previsible en la negociación, mientras que Trillo actúa de forma más distendida y sibilina. Piensa siempre a largo plazo, calculando tres jugadas más allá de cada movimiento. Ha sobrevivido a todo y es el único en activo de los dirigentes que pidieron a Manuel Fraga la designación de Aznar. Ahora, casi 20 años después, se ha convertido en una pieza clave del PP. Él fue el autor de los recursos y recusaciones en el Constitucional de la legislatura pasada. Él es el ejecutor de la acompasada actuación de los parlamentos autonómicos para bloquear ahora la renovación. Mano derecha de Sáenz de Santamaría, es uno de los dirigentes con más influencia en Rajoy.

Los dos portavoces eran novatos en el cargo e inexpertos en una negociación de este tipo. Aunque mantienen una buena relación, no han llegado a superar en lo personal un mínimo grado de confianza. Lo más distendido fue una comida en el inicio del proceso. A lo más que han llegado es a hacerse favores mutuos mínimos, como cuando Saénz de Santamaría llamó a Alonso para pedirle que aplazara la primera comparecencia en el Congreso de Mariano Fernández Bermejo para evitar un enfrentamiento con Astarloa. "Vamos a parar y fumáis un cigarro", era la coletilla que usaba la portavoz del PP para suavizar momentos de tensión entre Alonso, Astarloa y Trillo.

En el inicio, los socialistas siempre creyeron que el PP sólo pretendía dilatar el proceso. Así se lo dijo Alonso a la ejecutiva de su partido por la cantidad de condiciones previas que el PP ponía para hablar de la renovación total del Consejo y de cuatro miembros del Constitucional que debe nombrar el Senado. El PP puso como condición previa un pacto de modernización de la Justicia. Cuando el PSOE aceptó, Astarloa se descolgó con un papel que condicionaba el pacto a que el PSOE renunciara a puntos fundamentales de su programa de justicia. El PP admite que temía que la proximidad al congreso del partido le impidiera avanzar en el pacto. Corría el riesgo de que Rajoy apareciera como débil ante sus críticos. El PSOE se hizo cargo y no forzó la máquina.

Pasó el congreso y, pese a todo, se negoció el acuerdo y se concluyó un papel la víspera de la reunión de Zapatero y Rajoy en La Moncloa, el 23 de julio. Horas antes, Alonso llamó a Sáenz de Santamaría para rectificar y eliminar todo un capítulo ya cerrado, referido, entre otros asuntos, a las competencias del Supremo. El presidente y el líder de la oposición firmaron un pacto al que se le arrancó un folio la víspera.

En esos primeros tanteos, el PP era reacio a empezar a hablar sobre el Constitucional, entre otras cosas porque los conservadores perderían peso en el alto tribunal con la renovación. Así fue hasta que el 17 de mayo falleció el conservador Roberto García-Calvo. Al día siguiente se citaron Alonso y la portavoz del PP, quien le vino a decir que las cosas habían cambiado. Invocando la "lealtad institucional", le pidió que se acelerara en el Congreso la sustitución, sin esperar al Senado, y que el nuevo magistrado lo propusiera el PP. Alonso le recordó que hace falta mayoría de tres quintos, que el cargo no pertenece a nadie y que si quería acuerdo esperara al paquete completo. Y en eso están hasta hoy, esperando a que el Senado culmine el proceso.

Para el Consejo, el PSOE aflojó desde el principio en el reparto de nueve vocales para cada uno, cediendo uno a CiU y otro al PNV. Pero desde el primer día surgió un escollo que se mantuvo sin acuerdo hasta el último día: el PSOE exigía que se diera paso a todas las asociaciones de magistrados y a los no asociados. Empezó por proponer que cada uno cediera dos vocales que no fueran ni de Jueces para la Democracia ni de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Luego bajó a uno y acabó tirando la toalla el 15 de septiembre. La reunión casi se inició con la pregunta de Alonso: "¿Seguís proponiendo sólo magistrados de la APM?". "Por supuesto que sí", le contestaron. El PSOE cedió definitivamente.

Hasta el último día no hubo nombres sobre la mesa, salvo en dos reuniones donde se habló en serio de dos personas concretas. En una, Trillo dijo que había oído que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, podría ser propuesto para presidente del Consejo y que quería en ese momento dejar clara su radical oposición. Alonso saltó como un resorte: "¡Dejadle en paz, qué manía le tenéis, no sé que os ha hecho! Estáis obsesionados".

Otro día, Trillo preguntó a Alonso su opinión sobre Francisco Hernando, sin precisar para qué puesto. El portavoz del PSOE no tuvo duda de que sólo podía ser para el Constitucional y le contestó que su partido no le apoyaría. Ahora el nombre de Hernando está propuesto por varios parlamentos autonómicos para el Constitucional. Otro tema de discusión fue el de la paridad, que Alonso invocó inútilmente.

Alonso dirigió la elaboración de la lista del PSOE, con escaso margen para los magistrados propuestos por las asociaciones. El nombre de José Manuel Gómez Benítez se lo dieron desde el PSOE. Francisco de Rosa se lo propuso Francisco Camps a Rajoy. El controvertido nombre de Carlos Dívar ha sido iniciativa personal de Zapatero. Consultó con María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba entre otros, pero se dejó llevar por su opinión del presidente de la Audiencia Nacional tras varias reuniones de trabajo.

Miembros de su entorno, con influencia y participación en las negociaciones, le trasladaron otros nombres marcadamente progresistas. A uno de los posibles candidatos le llegó a llamar en julio uno de los negociadores para trasladarle que su nombre estaba en la mesa de Zapatero. En esa lista, con distintos padrinos, estuvieron Juan Antonio Xiol, Ángel Juanes, Gonzalo Moliner y Fernando Ledesma, entre otros.

A principios de septiembre, Fernández de la Vega recibió el encargo de Zapatero de llamar a Rajoy para proponerle retrasar la apertura del año judicial, a la espera del pacto para la renovación. El líder de la oposición le transmitió por teléfono que apoyaba el retraso para evitar que el Consejo saliente participara en el acto y la vicepresidenta hizo las gestiones pertinentes con la Casa Real.

El 17 de septiembre, Zapatero y Rajoy viajaron de Gran Canaria a Madrid en el avión oficial, tras el funeral por las víctimas de Barajas. Con los ocho asientos de la zona VIP repletos, ninguno mencionó el asunto. No pasaron de conversaciones intrascendentes, incluido el pánico del líder del PP a los helicópteros. El pasado lunes, antes de las 11.00, Zapatero llamó a Rajoy para informarle del asesinato de un militar en Santoña. Antes de colgar, el líder del PP preguntó: "¿Sigue en pie lo que me dijiste de Dívar en julio?". El presidente le dijo que sí.