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El juez se niega a rebajar la fianza de 4,2 millones de euros impuesta a Fabra

La cantidad requerida al presidente del PP de Castellón no es desproporcionada, según el instructor

Carlos Fabra fue presidente de la Diputación de Castellón durante 16 años.
Carlos Fabra fue presidente de la Diputación de Castellón durante 16 años.

El titular del juzgado número 1 de Nules ha desestimado la solicitud del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de que se le redujera la fianza impuesta como garantía de que hará frente a su responsabilidad civil si es condenado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y fraude fiscal.

El juez mantiene la cantidad de 4,2 millones de euros para Fabra y 1,7 para su exesposa, María Amparo Fernández, ya que considera que “no resulta desproporcionada y se ajusta perfectamente a derecho”. Además, en un auto con el que el juez contesta a la reclamación de la Audiencia para que revisara esas cantidades, esgrime que incluso es “una cifra inferior a lo interesado por la Abogacía del Estado y la acusación popular”. Fabra y Fernández están acusado de defraudar 1,7 millones de euros a Hacienda.

El juez del caso Fabra, que lleva más de ocho años en instrucción, está respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Audiencia Provincial, que cuestionó tanto la apertura de juicio oral con la inclusión del presunto delito de cohecho, como la fijación de la fianza. El juez ya ha reclamado a la Audiencia que defina, exactamente y a la mayor brevedad posible, si sus argumentos sobre la existencia o no de indicios para juzgar un presunto delito de cohecho se traducen en un sobreseimiento. Y aún sin apuntarlo, en el auto en el que mantiene la fianza expone su parecer, ya que esgrime que “las partes acusadoras son muy libres de determinar los márgenes penológicos que estimen oportunos, siempre, claro está, dentro de los límites legalmente fijados, como ocurre en el presente caso”.

Pese a los retrasos para la fijación de fecha para el juicio, la Audiencia provincial, que preside Carlos Domínguez, vuelve a tener la pelota en su tejado y en sus manos la opción de demorar, aún más, la resolución del caso Fabra, iniciado después de que un empresario le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.