Interior aparta al Gobierno vasco de las citas entre víctimas y presos de ETA

El Ministerio del Interior ha abrazado en lo fundamental la vía Nanclares para la reinserción de presos de ETA impulsada por el Ejecutivo socialista. Pero le ha puesto otro nombre. Ha incluido dentro de su plan de política penitenciaria los encuentros cara a cara entre víctimas y presos terroristas que ya existían, pero asegurando que serán “distintos”. Responsables del ministerio dijeron que serán “reparadores” en vez de “restaurativos” —sin explicar qué supone esta diferencia—. Y aseguraron que el Gobierno vasco no los organizará, como ocurre ahora, sino que serán directamente gestionados por el ministerio. Este “parecido a lo de antes pero diferente” de los movimientos de Interior en esta materia es complicado de descifrar. Y no deja a nadie contento.

Las asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo criticaron ayer el anuncio del ministerio de que este mismo mes se volverán a impulsar los encuentros entre reclusos y víctimas —ya hay dos previstos para el mes de junio—; y la noticia de que el Ejecutivo de Patxi López estará excluido, en principio, de la organización del programa, generó un notable malestar en el Gobierno vasco, que se aminoró algo a final del día tras algunas conversaciones entre responsables de Interior de los dos Ejecutivos. El conflicto con las asociaciones de víctimas fue público; con el Gobierno vasco, privado.

El diario El Correo afirmaba este miércoles en primera página que Interior paralizaba sine die los encuentros de presos y víctimas de ETA. El ministerio se apresuró a desmentirlo, asegurando que había dos en marcha que se llevarían a cabo este mismo mes. Pero no había informado previamente a nadie. Ni a las víctimas de la existencia de las reuniones, ni al Gobierno vasco de que ya no las organizaría.

El Ejecutivo de Patxi López se enteró por los medios de esta noticia a pesar de que su oficina de víctimas ha estado detrás —en estrecha colaboración con la anterior secretaria general de Instituciones Penitenciarias, la socialista Mercedes Gallizo, que fue quien los puso en marcha— de los 11 encuentros que se han llevado a cabo desde mayo de 2011. Interior aseguró ayer que, al menos por ahora, no participarían tampoco en los nuevos encuentros los mediadores especializados que ha venido usando el Gobierno vasco.

Tras la reunión del pasado 20 de mayo en Bilbao entre el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, y el ministro Jorge Fernández, que versó fundamentalmente sobre la política penitenciaria, ambos salieron asegurando que colaborarían en múltiples asuntos. Semanas después, nada de esto se ha cumplido. Ni siquiera se ha llevado aún a cabo la reunión entre el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, y el comisionado vasco para la Convivencia, Jesús Loza. Supuestamente, en esa reunión se trataría también la cuestión de los encuentros. A pesar del notable resquemor generado ayer, y gracias a algunas conversaciones entre responsables del ministerio y de la consejería —una de ellas entre Yuste y Loza—, a última hora, fuentes del Ejecutivo vasco confiaban aún en poder reconducir la situación y ponían a disposición del ministerio su experiencia previa en los encuentros.

El conflicto con algunas víctimas no fue menor. La Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) criticaron sin ambages los encuentros, que buscan “el empate técnico entre víctimas y asesinos”, en palabras de Covite. Ángeles Pedraza, recientemente reelegida presidenta de la AVT —organización que está en contra del plan de reinserción del Gobierno— fue algo más suave y criticó, sobre todo, que no se les haya informado previamente. “El ministro en persona se comprometió con nosotros hace algunas semanas a informarnos cuando se fueran a anunciar medidas de este tipo, y, sin embargo, una vez más, nos hemos enterado por los medios. A mí no me gustan los encuentros, pero respeto a quien los pida. Me gustaría, eso sí, que se lleven a cabo de la mejor manera posible”.

Interior responde que si hay víctimas que quieren mantener estas reuniones, su obligación es facilitar los cauces para ello. Desde el ministerio se asegura que, en concreto, en el caso de los dos encuentros que tendrán lugar en junio, uno fue solicitado por la víctima ante el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, y el otro se planteó ante la dirección general de Víctimas del Terrorismo, cuya responsable es Sonia Ramos.

Interior, salvo explicar que a partir de ahora la iniciativa de los encuentros partirá fundamentalmente de la víctima, no ha concretado aún cómo se llevarán a cabo; ante quién tendrán que expresar las víctimas su voluntad de participar; quién sustituirá a los mediadores especializados que los organizarán; qué se hará si es el preso el que expresa su voluntad de pedir perdón (¿se desechará sin más porque la iniciativa debe ser de la víctima?); ni qué consecuencias tendrá para un recluso negarse a pedir perdón cuando la víctima haya solicitado el encuentro. Hasta ahora, participar en una reunión de este tipo no generaba ninguna consecuencia penitenciaria, ni positiva ni negativa, para el preso. Para garantizar que su interés fuera sincero. La iniciativa, en realidad, partía del recluso porque se entendía que debe ser el que desea pedir perdón el que lo plantee —y que no se puede obligar a nadie a hacerlo—. Parece que las reglas del juego han cambiado, pero aún no se sabe cómo.