Munar y su exjefe de prensa se enfrentan a una petición de seis años de cárcel

Una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel y 14 de inhabilitación pesa ya ante la Audiencia de Palma contra Maria Antònia Munar, la exlíder de Unió Mallorquina (UM), autoridad política clave en Baleares durante tres décadas, como aliada del PP y del PSOE, alternativamente.

El fiscal Juan Carrau ha presentado sus conclusiones finales en el juicio del caso maquillaje, la primera de la decena de causas por supuesta corrupción que afecta a cargos de UM, partido disuelto en 2010, bajo una catarata de causas judiciales y detenciones.

Munar está acusada por malversación de caudales, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación y negociaciones prohibidas por dos subvenciones, de 240.000 euros, libradas desde el Consell de Mallorca ( gobernado por UM con los votos del PP) a una productora de televisión VideoU que su partido adquirió –según el fiscal y tres arrepentidos- para tener influencia directa.

El ministerio público mantiene íntegra su acusación contra Munar, expresidenta del Consell de Mallorca (2003-2007) y del Parlamento de Baleares (2007-2010). Idénticas penas de cárcel se reclaman contra la exdirectora de Comunicación del Consell con Munar, Margarita Sotomayor, que fue después directora adjunta de la televisión Ib3.

En el juicio gana, hasta ahora, Miquel Nadal, mano derecha de Munar en UM y en el Consell de Mallorca, al que el fiscal rebaja a la mitad la petición inicial de seis años hasta dos años y tres meses de cárcel, al aplicarle los atenuantes de confesión, el reconocimiento de los hechos.

Munar y la periodista Sotomayor serán exoneradas por la acusación popular, de la inédita asociación Democracia y Justicia, que reclamará, por el contrario la condena para Miquel Nadal y el resto de acusados, sin los beneficios de los atenuantes por pactos con la Fiscalía. Esta entidad social fue lanzada por el ex guardia civil, Joan Miquel Perpinyà, que ha publicado un libro a favor de las tesis de Munar en otra causa. El letrado que actúa es un exmilitar, especialista en derecho militar, que defendió a la entidad sindical de Perpinyà.

La Fiscalía tiene el apoyo en sus tesis acusatorias iniciales de Miquel Nadal, de su testaferro en la compra de VideoU y encausado, Miguel Sard, y especialmente de los tres socios vendedores y también imputados arrepentidos: Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullan. Los cooperadores, menos Nadal, merecen una acusación menor, que no implicaría cumplimiento de condena en caso de ser declarados culpables.

Maria Antònia Munar, su jefe de prensa Margarita Sotomayor y sus dos aliados testaferros de UM, Victor García y Alfredo Conde, niegan la compra de VideoU y la existencia de subvenciones amañadas. Munar niega que diera 300.000 euros de UM a Nadal en su coche oficial como asegura éste. Sí está probado que VideoU pagó la nómina a dos decenas de activistas electorales de UM que no trabajaban para la empresa que les contrató sino para el partido.

La exlíder dijo en la vista que “nunca, jamás” manejó dinero negro en UM pero un contable del partido e imputado en otras causas, Alvaro Llompart, aseguró que en la sede central existía una contabilidad paralela en B y una caja con dinero negro.

La fiscalía retiró la acusación contra Elisabet Diéguez una de las testaferros, consorte de Alfredo Conde, de la trama de UM, coadministradora junto a su marido, Alfredo Conde, de la empresa Studio Media Comunicación, receptora de los 120.000 euros que el Consell concedió a VídeoU en 2004.