Matas pide al juez que interrogue a Camps y a González Pons en el ‘caso Nóos’

O todos o ninguno. El expresidente balear, Jaume Matas, ha pedido al juez que instruye el caso Nóos que interrogue al expresidente valenciano, Francisco Camps, y al actual diputado y entonces consejero, Esteban González Pons. A través de su letrado, el también exministro exige, en esta solicitud una misma vara de medir pero argumentando que con estas declaraciones se admita que “las Administraciones públicas habitualmente colaboran con entidades sin ánimo de lucro (…) a través de la figura jurídica del Convenio de Colaboración, sin necesidad de acudir al concurso público”, tal como hizo él mismo, pero también Camps.

La intención de Jaume Matas de extender la investigación no se ciñe a los dirigentes valencianos sino que pretende que llegue al Ayuntamiento de Madrid. El expresidente balear alega haber tenido conocimiento de que una de las fundaciones que regentaba el duque de Palma suscribió un convenio con la “Fundación Madrid 16”, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, de la que recibió 144.000 euros “lo cual vendría a avalar lo habitual en el tráfico jurídico de que las administraciones publicas concierten convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro como era la Fundación Instituto Noos, no estimándose necesaria la convocatoria de concursos públicos”, expone el escrito remitido al juez. Así, reclama también que se interrogue a la exconsejera de la Fundación madrileña, la ahora directora General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghe.

En el escrito remitido al juez, el abogado de Matas describe cómo Francisco Camps era el responsable de la Generalitat Valenciana cuando esta administración firmó los contratos con Nóos (que cobró un total de 3,7 millones de euros por sus trabajos en Valencia). Además señala que Esteban González Pons (que estuvo citado a declarar como testigo y cuya declaración fue “luego extrañadamente suspendida sine die”) fue quien suscribió “de su propio puño y letra” el convenio para la celebración de dichos juegos europeos que nunca tuvieron lugar pero por el que Nóos cobró más de 380.000 euros.

El hecho es que si el juez imputara a González Pons o a Camps debería inhibirse del caso, ya que, por sus cargos, diputado en el Congreso y diputado autonómico, pasarían a ser jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el caso de Gonzaléz Pons, o del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el caso de Camps.