La Audiencia de Castellón se desdice y devuelve el ‘caso Fabra ’ al juzgado

Dos eran los recursos que quedaban pendientes de resolver antes de que la Audiencia de Castellón pusiera fecha para la celebración del juicio al expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra. Y su resolución supone la devolución del caso al juzgado de Nules, donde se instruyó durante más de ocho años, y, por lo tanto, un nuevo retraso en la celebración del juicio y en el cierre del caso.

La sección Primera de la Audiencia de Castellón, que preside el propio presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, ha desdicho a la sección Segunda y ha decretado la nulidad del auto de apertura de juicio oral, pese a que este es un dictamen judicial que no es recurrible. El titular del juzgado número 1 de Nules decretó la apertura de juicio contra Carlos Fabra. El presidente provincial del PP tenía entonces pendiente un recurso por la conversión del procedimiento, después de desestimarse que cayera en manos de un jurado popular. Y ahora la Primera considera que sí ha de admitirse el recurso de nulidad de Fabra, decreta la apertura de juicio nula y devuelve las actuaciones al juzgado.

La devolución del sumario al juzgado número 1 de Nules también se ha decretado por otra vía ya que el último imputado en la causa, el exdiputado y exsenador del PP Miguel Prim, había alegado indefensión tras su imputación, señalada por la propia Audiencia, ya que no se le ha dado traslado a las diligencias.

El juez de Nules decidió que la investigación había llegado a su fin en enero de este año. Después de que la Audiencia decidiera ampliar el caso, el juez amplió ese auto de apertura y ratificó el enjuiciamiento para Carlos Fabra. Con la decisión ahora de la Sección Primera, el llamado “caso Fabra” vuelve a no tener fecha de conclusión.

El presidente del PP de Castellón está acusado de los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales, por los que el juez le exigió una fianza de 4,2 millones de euros con el fin de garantizar que hará frente a la responsabilidad civil que se le pudiera imponer si es declarado culpable.