El Gobierno da luz verde a la Ley de Transparencia obviando a los expertos

No importa lo que tenga que decir un comité de expertos integrado por 38 personas y designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del mismo Ministerio de Presidencia. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Transparencia sin que los expertos hayan concluido su debate. El comité solo ha analizado la mitad de la norma, el capítulo I, y tiene convocadas otras dos reuniones para abordar el capítulo II, el del buen gobierno, y para el análisis y debate de propuestas. Pero el Gobierno ha preferido tirar adelante con el anteproyecto antes de saber las conclusiones de académicos, economistas, sociólogos, politólogos y responsables de las organizaciones de estudio de la transparencia y el acceso a la información que, además, tienen encomendada la tarea de asesorar a los grupos parlamentarios durante la tramitación de la ley.

“Es un menosprecio” ha sido la valoración que ha realizado uno de los integrantes de este comité ante la decisión del consejo de ministros.

El Anteproyecto añade una limitación al acceso a la información en el caso de que exista un "riesgo de perjuicio" si se hace pública

El anteproyecto apenas ha incluido alguna de las 3.700 aportaciones que han hecho los ciudadanos en el plazo abierto para enriquecer el texto. Pero lejos de limitar las excepciones, el Consejo de Ministros sí ha sumado otro límite al acceso a la información, que será negativo, cuando "exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación", con lo que el criterio para autorizar o no el acceso es bastante arbitrario. Entre las sugerencias recogidas no figura ni la inclusión de la Casa del Rey como institución a la que se aplique la transparencia ni la eliminación del silencio negativo, que eran dos de las solicitudes formuladas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Transparencia, trámite previo a su envío a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado. Después, se procederá a su aprobación definitiva para pasar a su debate parlamentario. Según ha indicado la portavoz del Gobierno, la parte que se refiere al Código de buen gobierno entrará en vigor el mismo día de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para la parte de transparencia y de acceso a la información se marcará el plazo de un año, durante el que las administraciones tendrán que desarrollar aplicaciones informáticas que posibilite el acceso a la información que dicta la ley.

Los expertos aún no habían llegado a ninguna conclusión, ya que el momento para adoptarlas se había fijado para finales de este mes. Sin embargo, durante las dos reuniones que se han mantenido ya (la última ayer mismo, en la que los representantes del Gobierno no les comunicaron la decisión de dar luz verde al anteproyecto), sí que han abordaron algunas de las cuestiones más polémicas de la norma.

El silencio seguirá siendo negativo y se mantienen fuera de la ley la Casa del Rey y partidos políticos

Las posturas, en principio, eran dispares ante el hecho de que el silencio fuera la respuesta de la administración a la solicitud de información, es decir, el silencio negativo. El Gobierno ha decidido que se mantenga así. También la lista de excepciones (que incluye a la Casa del Rey) fue uno de los temas debatidos, así como los partidos políticos y sindicatos, ya que son receptores de ayudas públicas. Pero todos ellos han quedado, de momento, fuera. Una buena parte del comité abogaba además por concretar las excepciones ya que, a su entender, no cumplen los mínimos del Convenio del Consejo de Europa, un acuerdo internacional sobre el que el Gobierno sostuvo que sería fiel. Pero sus propuestas no han sido escuchadas.

La designación de un órgano realmente independiente que vigile el cumplimiento de la norma fue otra de las preocupaciones planteadas en el comité de expertos. Pese a que el Gobierno se jactó en plantear que la designación por mayoría parlamentaria del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios era suficiente, el anteproyecto incluye una modificación a este respecto y señala que su nombramiento y cese seguirá un régimen similar al de organismos supervisores. Los expertos debatieron además la posibilidad de que la agencia tuviera capacidad sancionadora, pero el anteproyecto no hace referencia a ello.