El Poder Judicial acumula 100 folios de gastos de Dívar en Marbella

El Consejo del Poder Judicial tiene preparada ya la documentación con los gastos que abonó el órgano de gobierno de los jueces de los 14 viajes a Puerto Banús (Marbella, Málaga) pendientes de justificar por su presidente, Carlos Dívar, ante la Fiscalía General del Estado, que le investiga tras la denuncia por malversación de caudales públicos que le ha puesto el vocal José Manuel Gómez Benítez.

La documentación ocupa un centenar de folios y está dispuesta para que la vean los vocales interesados, el denunciante y el propio Dívar, según explican vocales del Consejo. Dívar la necesita para elevarla al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo. Este fiscal indaga si el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial malversó dinero en los 20 viajes que giró en larguísimos fines de semana, de hasta cuatro días de duración, a un lujoso hotel de Puerto Banús. Desplazamientos que realizó acompañado de su séquito de entre cinco o seis escoltas y coches oficiales entre noviembre de 2008 y el pasado marzo.

Benítez denunció el 8 de mayo seis viajes (por unos 5.600 euros) y días después amplió su denuncia e hizo constar otros 14 al mismo lugar turístico. Señala que Dívar cargó al Consejo gastos de sus estancias en Puerto Banús sin que se tenga constancia del carácter oficial de los viajes. El presidente sostiene que separó sus gastos privados de los institucionales. El Poder Judicial ya facilitó a Dívar, y este los ha entregado al fiscal Casallo, los gastos correspondientes a seis de esos 20 viajes, que en total suman 12.996,09 euros. Desde que Benítez puso la denuncia, por su cuenta y sin consulta previa a sus colegas, el Consejo está sumido en un shock. Ni él ni Dívar cuentan con apoyos entre sus colegas. Y son mayoría los vocales de las distintas sensibilidades que apuestan por la dimisión de Dívar sin que ello suponga reforzar a Benítez, sobre el que pesa, dicen, “un tufo de venganza personal” por el caso Garzón, de quien fue abogado. No obstante, el principal sentimiento (desde que saltó el escándalo el Consejo ha obviado dar un respaldo institucional a Dívar) es que el presidente “debe dejar el cargo”, coinciden en señalar a este periódico numerosos vocales. 13 de los 20 consejeros pueden forzar la dimisión de Dívar en aplicación de la ley que regula este organismo.

De momento, están esperando a que el fiscal se pronuncie. Una fuente del Consejo explica: “Puede que Martín Casallo entienda que los hechos carecen de relevancia penal y la centre en el ámbito de la responsabilidad administrativa, incluso que obvie esta última. Da igual: no puede haber una mancha así sobre la primera autoridad judicial del Estado y, por extensión, sobre el Poder Judicial”. Y añade: “El impacto ético de alguien que, sin constancia oficial, hace 20 viajes con sus escoltas al mismo hotel y pasa los gastos, o parte de ellos, a las arcas públicas, es inasumible, y más con la que está cayendo”, zanja.

Algunos vocales analizan en privado qué alternativa sería mejor: si nombrar nuevos presidente y vicepresidente (“lo que parece complicado ante la dificultad de reunir los 13 votos necesarios”) o dejar que las aguas corran y que la presidencia la asuma interinamente el actual vicepresidente, Fernando de Rosa.

Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha solicitado la comparecencia urgente de Dívar en la Cámara “para que explique la vinculación de sus viajes de fin de semana a Marbella con la actividad propia de su cargo”.