Solidarios con Garzón pide información sobre subvenciones a jueces

La abogada Cristina Almeida y la organización Solidarios con Garzón han presentado esta mañana un escrito ante el Consejo del Poder Judicial en el que, al amparo del derecho de petición y de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se les informe de los patrocinios y subvenciones que reciben las asociaciones judiciales por parte entidades de crédito para la celebración de congresos, así como los tratamientos de favor que tienen como clientes preferentes de dichas entidades.

Cristina Almeida explicó que el juez del Supremo Manuel Marchena, en el sumario contra el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los cursos de Nueva York, se permitió encausar al juez diciendo, antes de archivar la causa, que Garzón podía haber cometido un delito de cohecho. “Nos hemos quedado tan asombrados que hemos hecho un estudio sobre todos los cursos a los que van todos los magistrados y la cantidad de ellos que están vinculados a organizaciones, a fundaciones, a institutos, incluso a despachos de abogados que muchos de ellos son los que están defendiendo a los de la Gürtel”, dijo Almeida.

“Por eso”, siguió la abogada, “hemos hechos un escrito para que se abran unas diligencias en el Consejo para ver qué tipo de ayudas reciben las asociaciones de jueces, y luego otro mucho más expreso, donde denunciamos la actuación de muchos magistrados del Supremo que se han pronunciado en los distintos procesos de Garzón, y como todos ellos están vinculados, para tener una relación de cuánto han cobrado, de quién han cobrado, porque todas esas cosas están desacreditando a la justicia”.

Durante la concentración ante el Consejo del Poder Judicial, una docena de representantes de Solidarios con Garzón profirieron gritos de “Hay que juzgar al franquismo criminal” y “Fuera fascistas del Tribunal Supremo”.

El escrito de petición de información sobre patrocinios a las asociaciones de jueces detalla algunos donativos de las cajas de ahorros de San Sebastián, Guipúzcoa y Madrid a Jueces para la Democracia por un total de 1.700.000 pesetas (unos 10.000 euros) en 1989, y donaciones de otras entidades en 1996, 2003 y el último en 2010, para un congreso que fue financiado por BBK.

También consta la “colaboración” de Banesto y Novacaixa Galicia para el XIX congreso de la Asociación profesional de la Magistratura (APM), convenios de esta asociación con los grupos BBVA y BSCH para “conseguir mejoras para jueces y magistrados asociados en servicios financieros” y la celebración de una jornada sobre justicia y telecomunicaciones en Valencia, patrocinada por Telefónica, para la Fundación para la Magistratura, dependiente de la APM.

El escrito también cita el “Club Banesto Justicia” para jueces que ofrece cuentas corrientes con un interés del 1,25% sin comisiones y condiciones especiales para hipotecas y préstamos. Otras asociaciones, como Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente admiten en sus estatutos, según el escrito, subvenciones y ayudas públicas y otras de “lícita procedencia”, sin más precisiones.

El segundo escrito presentado ante el Consejo detalla las relaciones de magistrados que llevaron procesos contra Garzón o de los que dictaron su condena con instituciones de enseñanza como Schola Iuris, en la que figuran como profesores de un máster los magistrados de la Sala Penal José Manuel Maza, Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar; la fundación para la Investigación sobre el Derecho y Empresa (FIDE), la que ha dirigido foros y cursos el ponente de la sentencia condenatoria contra Garzón, Miguel Colmenero.

Los denunciantes afirman que en el plantel de profesores de la Universidad Juan Carlos I figuran los siete magistrados que juzgaron y condenaron a Garzón, junto a abogados que en su día asumieron la defensa de imputados relacionados con la trama Gürtel. También consideran “relevante, por su significación ideológica y política” que el magistrado Miguel Colmenero, de la sala que juzgó y condenó a Garzón, participase en cursos de la fundación FAES, que preside José María Aznar, en al menos cinco ocasiones entre 2005 y 2007.

El magistrado en excedencia Adolfo Prego, según los denunciantes, asistió a 27 actos convocados por FAES y en al menos tres de ellos participó como coordinador o ponente.

El instructor del caso Nueva York contra Garzón, Manuel Marchena, aparece vinculado, según el escrito de petición, a eventos de la editorial jurídica Wolster Kluwer como jurado del premio La Ley de artículos doctrinales, en el que coincide con Prego. Ha intervenido en el comité de expertos del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y La Ley.

En 2007, 2008 y 2009 Marchena participó en los foros de Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues y del que consta el patrocinio a dicho foro de Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems. También ha participado en el congreso de 2008 de la empresa Ingefor Consultores, con Maza y letrados del despacho Garrigues; en un encuentro del Instituto de Fomento Empresarial, y en la VII Semana Jurídica Malacitana, junto al presidente de la Sala Penal Juan Saavedra, y el magistrado Miguel Colmenero. Marchena también ha sido profesor del máster de Nuevas Tecnologías de la Información de un instituto del ICADE..

El presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, ha intervenido, con el patrocinio de Caja7, en diversos actos en las Islas Canarias en algunos de los cuales ha coincidido con el magistrado José Manuel Maza y el abogado José Antonio Choclán, acusador de Garzón en las escuchas Gürtel. Saavedra también participa en 2009 en un acto en Málaga, patrocinado por Cajamar, en unas jornadas jurídicas en Ceuta en 2011 y es miembros del consejo asesor del centro de formación Datadiar, entre otras actividades.

El escrito pide la comprobación y esclarecimiento de estos hechos, que según dice, “suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del Tribunal Supremo del régimen de incompatibilidades y prohibiciones” ya que “pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad”.

Además de Solidarios con Garzón, han intervenido en la redacción y entrega de los documentos la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Amesde,  la Plataforma por un Centro de la Paz en Carabanchel, la Fundación Andreu Nin, y abogados como Fernando Magán y Francisca Sauquillo.