El Supremo anula la expulsión de un juez que asesoró a un narco

Asesoró jurídicamente a un narco, pero esa acción, especialmente reprobable en el caso de un magistrado, no será sancionada gracias a sus compañeros del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha anulado la expulsión de la judicatura de José Antonio Martín Martín, el expresidente de la Audiencia de Las Palmas, acordada por el Consejo General del Poder Judicial el 22 de abril de 2010 por la comisión de cuatro faltas muy graves. La resolución, que considera que el gobierno de los jueces se excedió en el plazo de seis meses para investigarlo, podría reintegrarlo a su puesto si no fuera por su edad. Martín cumplió 70 años –la edad de jubilación de jueces y magistrados- el 5 de mayo de 2010. Pero sí podrá reclamar los salarios que dejó de percibir tras ser apartado.

La resolución del CGPJ lo expulsó de la carrera por las faltas muy graves de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre causa para ello, dos de ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de magistrado y otra de intromisión en el ejercicio de la jurisdicción de otro juez. Según el acuerdo del Pleno del Consejo, Martín había maniobrado en su tribunal para tratar de obtener la puesta en libertad de Rafael Bornia, uno de los narcotraficantes más importantes de Europa, que estaba acusado de tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero.

Momentos antes de iniciarse la vista contra Bornia, el 28 de julio de 2005, Martín preguntó al fiscal sobre la posibilidad de pedir la libertad del narcotraficante. Ante la negativa del fiscal el magistrado interesó la petición de libertad con una “alta fianza” de 1,2 millones de euros. “No, los paga y se fuga”, zanjó taxativamente el fiscal. El presidente de la Audiencia votó luego, a diferencia de otros magistrados de la sala, a favor de la libertad provisional de Bornia, condenado por un delito de tráfico de droga. Un mes antes, el magistrado se había reunido en un reservado de un restaurante con el hermano del acusado sin saber que lo vigilaba la policía. En esa comida, según las llamadas intervenidas, se habría comprometido a mediar por el narco.

La anulación de la expulsión de Martín no es la primera ayuda que el magistrado recibe de sus colegas del Tribunal Supremo. En enero de 2010 la Sala de lo Penal lo absolvió del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios por el que había sido condenado a año y medio de suspensión por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los magistrados del alto tribunal estimaron que el asesoramiento al peligroso narcotraficante “no había tenido la suficiente entidad”.

La readmisión de Martín la firman sus compañeros José Manuel Siera, Juan José González Rivas, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Octavio Herrero, Luis María Díez-Picazo, José Díaz Delgado, Juan Carlos Trillo, Vicente Conde Martín de Hijas y Nicolás Maurandi. Este último magistrado ha formulado un voto particular discrepante.

Ahora, Martín podrá reclamar los salarios que dejó de recibir tras la expulsión que se acaba de anular. Sin embargo, la cantidad a la que supuestamente tiene derecho no es muy alta. Martín alcanzó la edad de jubilación el 5 de mayo de 2010, solo 13 días después de ser apartado. Así pues, en principio, la cantidad a la que tendría derecho sería únicamente la equivalente a ese pequeño lapso de tiempo. Eso sí, a pesar de haberse demostrado que asesoró a un delincuente, recupera todos los honores inherentes a la condición de juez.