Interior no convence a la línea dura de las víctimas con su plan penitenciario

Dudó, pero al final se encargó él mismo del calmar a las asociaciones de víctimas del terrorismo. El ministro del Interior, Jorge Fernández, asumió en persona —aunque tomó la decisión en el último momento y la anunció apenas una hora antes de que comenzara la primera de tres reuniones— la tarea de apaciguar a estos colectivos y defender el programa de reinserción de presos de ETA anunciado el día anterior, que suaviza los requisitos para que los reclusos puedan ser trasladados a cárceles vascas. Y repitió, aunque con poco éxito, la idea lanzada ayer por el Gobierno: que en realidad no hay ningún cambio en la política penitenciaria porque para obtener beneficios carcelarios (permisos, libertades condicionales...) los requisitos siguen siendo exactamente iguales. Se esforzó también por desmentir, ante numerosas insinuaciones en este sentido, que el Gobierno haya negociado con ETA ni vaya a hacerlo jamás.

Las asociaciones de víctimas que acudieron este viernes al ministerio protestaron por tres cosas. Algunas se quejaron del fondo —que los reclusos puedan ser acercados a prisiones de Euskadi sin haber pedido perdón a las víctimas, que es el cambio sustancial del nuevo plan del Gobierno—; otras lamentaron las formas —se enteraron del plan a través de los medios de comunicación—; y muchas se encendieron por la incoherencia que supone, en su opinión, que un partido que cuando estaba en la oposición coincidía con sus planteamientos, y que hasta hace días aseguraba que no habría acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas si la banda no se disolvía, haya dado un paso en sentido contrario. Salieron casi igual de como entraron. Agradecieron al ministro que las recibiera, pero criticaron el plan con la misma dureza que el día anterior.

Hubo también quien, como la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, dio un voto de confianza al Ejecutivo y quitó importancia al hecho de que puedan producirse acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas siempre y cuando los reclusos cumplan sus penas. La federación tampoco se opone a que, para entrar en la primera fase del programa de reinserción, no sea necesario que el recluso pida perdón a las víctimas. Joseba Imanol Marcaida, presidente del colectivo de exiliados vascos Zaitu, dijo que el plan era una iniciativa “inteligente” aunque de resultados inciertos.

Fue mucho más dura Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, la primera en ser recibida por el ministro y la única que entró sola en la reunión. Planteó la misma cuestión que el día anterior había puesto sobre la mesa el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja: Si no hay novedad, ¿por qué se anuncia un plan? Pedraza indica que el ministro le explicó el plan detalladamente, pero que cuando empezaron a debatir si había o no una modificación en la política penitenciaria, llegaron a un punto muerto. “Él decía que no, y yo que sí, y de ahí no salimos”, explica. “Pero hay algo evidente. Si ahora va a haber acercamientos sin que los presos pidan perdón, ¿cómo que no hay un cambio?”.

Pedraza, tras dos horas de reunión, sigue rechazando el plan del Gobierno y exige el arrepentimiento de los presos para que puedan entrar en cualquier programa de reinserción. “Le he explicado al ministro que nosotros queremos el cumplimiento íntegro de las penas. Pero que, no obstante, acatamos la ley si contempla ciertos beneficios siempre y cuando las condiciones se apliquen muy estrictamente. Aunque por ahora no vamos a salir a la calle a manifestarnos, lo haremos igual que lo hicimos durante el Gobierno del PSOE si nos sentimos traicionadas”. El ministro se comprometió con ella a informar a las víctimas de las medidas penitenciarias que se adopten.

A la segunda reunión llegaron Foro Ermua, Voces contra el Terrorismo, Covite, la asociación de víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de Afectados por el 11-M —esta última, porque el plan del Gobierno afectará también a otros presos por terrorismo aparte de los reclusos de ETA—.

Foro Ermua fue tajante: “Este plan es un lamentable error”, dijo tras la reunión Inmaculada Castilla, su presidenta, que acusó al Gobierno de asumir como suyos “los acuerdos con la banda” del PSOE. “El PP, en materia terrorista dice una cosa pero hace otra”, se quejó Mamen Álvarez, de Voces contra el Terrorismo. Por su parte, Pilar Manjón, de la Asociación de Afectados por el 11-M, consideró “muy complicado” que este plan llegue a afectar a los presos yihadistas.

A Interior le costó elegir la mejor estrategia para afrontar la crisis en torno a las víctimas. La primera posibilidad era que el ministro en persona se dirigiera a las asociaciones para tratar de apaciguarlas. La segunda opción consistía en que fueran el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y la directora general de la oficina de víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, quienes trasladaran el mensaje a los colectivos. Esta última era la vía prevista. Pero, poco antes de que comenzaran las reuniones, el ministro cambió de opinión: él tomaría las riendas y hablaría personalmente con las víctimas.

La fórmula elegida no era baladí. Si acudían Yuste y Ramos, de alguna manera se lanzaba el mensaje de que las víctimas merecían explicaciones y respeto, pero a la vez se ponía un cierto freno a sus exigencias. Acudiendo el ministro en persona, y dedicando cinco horas de su agenda a las víctimas, dejaba claro que tranquilizarlas era una prioridad del Gobierno.