Penas mínimas por corrupción en Menorca tras siete años de instrucción

Han sido siete años de instrucción y la dilación indebida del proceso beneficia a los reos. Es una atenuante cualificada. El llamado caso ses rates de Ciutadella de Menorca, un procedimiento penal abreviado por corrupción urbanística municipal, se juzgó y resolvió este lunes de abril de 2012 en la Audiencia de Palma de Mallorca, mediante un pacto de conformidad entre la Fiscalía y los cargos públicos, negociantes y técnicos acusados.

Los hechos giran alrededor de la trama diseñada para la compra pública, amañada, de una parcela urbana con vistas a ulteriores posibles negocios privados de recalificaciones, aparentemente entre políticos y empresarios. El perjuicio para las arcas públicas se calculó en 288.000 euros. El exlíder del PP de Ciutadella, Avel.li Casasnoves, -exdiputado balear- y responsable local de urbanismo, ha asumido una condena de tres meses por fraude a la administración más 540 euros de multa; se le pedían dos años y medio de prisión. Casasnovas dejó el PP poco antes de ser suspendido de militancia tras ser imputado.

El político localista populista Llorenç Casasnovas –que no es pariente pero sí fue aliado del anterior-, que fue concejal colaborador de Urbanismo desde su Partit Menorquí, ha sido condenado a dos penas que suman un año por fraude y falsedad documental. El fiscal le acusó, inicialmente, por negociaciones prohibidas, fraude, falsedad, malversación de caudales y tráfico de influencias y reclamó para él más de siete años de cárcel. Llorenç Casasnovas tiene antecedentes penales –no computables- por obras ilegales y desobediencia a autoridades y funcionarios. Ninguno de los condenados ingresará en prisión.

La causa se inició en 2005 en un juzgado de Ciutadella por el que han pasado tres jueces instructores distintos y, al menos, dos fiscales, según relató uno de los abogados. Antes del juicio, falleció el denunciante perjudicado, un hombre que tenía 72 años al firmar la venta del solar al hombre de paja de un político. Desde el Ayuntamiento amenazaron al propietario con abrirle un expediente por presencia de roedores y abandono de la parcela, hechos no probados. Le advirtieron de que sería multado con 8.000 euros.

Al conjunto de los seis implicados, dos cargos públicos, el empresario testaferro Antonio Picó y tres técnicos locales, se les reclamó hasta 21 años de cárcel desde la acusación pública y la particular (el PSOE y el nacionalista PSM). Las penas acordadas en el pacto no superan, individualmente, el año y medio. También se diluyen las peticiones de indemnización de cerca de 200.000 euros.

El acuerdo con la Fiscalía, que implica el reconocimiento de un episodio delictivo, se tuteló por los tres magistrados de la sala de la Audiencia de Palma. El tribunal evitó resolver las cuestiones previas y retrasar, otra vez, el juicio. Los procesados evitaron la vista pública y esquivaron la posibilidad de penas con años de reclusión. La Fiscalía optó por el camino de verificar, aún a la baja, sus tesis y no exponerse a un traspié ante los tribunales. Un abogado reclamó que el caso se juzgara en un tribunal con jurado y en otra instancia. Los políticos no estaban de acuerdo con esta estrategia. Tras dos horas de negociaciones entre las partes y redacción del acuerdo el caso quedó cerrado, a la espera de conocer el contenido jurídico técnico del fallo de la Audiencia.