El exconsejero de los ERE defiende las ayudas en el tenso interrogatorio

El tenso y prolongado interrogatorio protagonizado por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández este pasado fin de semana (30 horas) continuará hoy. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, tendrá que decidir después si decreta o no prisión preventiva para Fernández tal y como hizo con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo.

El abogado del PP, que planteará hoy sus preguntas a Fernández, aclaró que pedirá prisión para que el exconsejero no entorpezca la investigación y por los indicios en su contra. Pero la postura decisiva para la suerte del imputado es la de la Fiscalía Anticorrupción. La última pregunta del ministerio público resultó muy ilustrativa, según aseguraron los abogados presentes: “¿No es más cierto que el acuerdo marco [firmado por Fernández y el diputado José Antonio Viera] era un sistema creado para disponer de fondos sin control alguno en beneficio de determinadas personas y en perjuicio de la mayoría de ciudadanos?”, le preguntó el fiscal. La juez ya ha subrayado que el objetivo del fondo fue beneficiar a los empresarios cercanos a la Administración y afines al PSOE y sus altos cargos.

El exconsejero Fernández, imputado por seis delitos —entre ellos cohecho y malversación—, ha defendido su gestión con una estrategia rocosa durante los tres días que lleva declarando. Fernández ha contestado ya a 200 preguntas de la juez, unas 60 de la fiscalía y el interrogatorio de la Junta concluyó a las 22.45 con 20 preguntas.

Dos fiscales le interrogaron durante cuatro horas sobre todos los aspectos polémicos derivados de su gestión. Saltaron de un expediente a otro, de una ayuda directa a una subvención, de un intruso a una póliza... “Fue un desorden ordenado”, apuntó un abogado, que destacó la ironía de ambos fiscales, que preguntaron con contundencia para examinar su responsabilidad.

La principal grieta en la defensa de Fernández es la justificación de cómo pudo ignorar durante nueve años de convivencia con Guerrero en la cúpula de la Consejería de Empleo los desmanes y laxitud con la que este concedió las ayudas millonarias. Fernández asegura que daba órdenes verbales y que no existía un protocolo de actuación en su departamento. Además, el exconsejero defendió que ciertas personas que cumplían los requisitos de edad y con problemas de inserción laboral tenían derecho a acogerse al fondo a través de ayudas individuales a pesar de no pertenecer a ninguna empresa con ERE. La juez, sin embargo, considera a todos los beneficiados ajenos a las empresas como intrusos.

La juez también acusa a Fernández de haber intervenido en el ERE de la empresa González Byass, en la que él mismo se prejubiló aunque finalmente no cobrara su póliza de 386.000 euros. El exconsejero asegura que se abstuvo y que informó telefónicamente a la firma bodeguera de que estaba en excedencia forzosa, pero la juez le reprocha que no lo hiciera por escrito.