El Gobierno indulta a los dos últimos condenados por el caso ‘Yak-42’

El Gobierno ha aprovechado un Consejo de Ministros particularmente denso y repleto de asuntos conflictivos como el de hoy para dar luz verde a otra decisión polémica: la concesión del indulto a los dos únicos condenados por el caso Yak-42 aún vivos, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García. Ambos fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), cuando regresaban de Afganistán. La Audiencia Nacional los consideró cómplices del general Vicente Navarro, a quien el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, encargó la repatriación de los cadáveres. Navarro falleció en junio de 2010, antes de cumplir la pena de tres años de cárcel que le impuso el tribunal y confirmó el Supremo. Tampoco los dos comandantes –entonces Sáez era capitán--- han ingresado en prisión, al ser su condena de privación de libertad inferior a dos años.

Sin embargo, la pena de inhabilitación por un año implicaba, por aplicación de la legislación castrense, su expulsión de las Fuerzas Armadas y es precisamente esto lo que impide el Gobierno con el indulto parcial concedido hoy. La petición de indulto estuvo sobre la mesa del último ministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño, pero este no la tramitó al faltar la opinión de los familiares de las víctimas, quienes se opusieron al indulto alegando que los comandantes no se habían arrepentido ni tampoco habían colaborado con la Justicia. Por contra, tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador se pronunciaron a favor del indulto, por considerar desproporcionada la pérdida de la carrera militar que acarreaba la inhabilitación.

Está previsto que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional revise el próximo día 27 los recursos que los familiares de las víctimas del Yak-42 han presentado contra la decisión que el pasado 2 de febrero tomó el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 y hoy presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, de archivar la causa en la que se depuraban las múltiples irregularidades que rodearon la contratación del vuelo. El juez consideró que no existía relación causa-efecto entre dichas irregularidades y el siniestro, al contrario de lo que piensan las familias, a cuyo recurso se adhirió el fiscal.