El Consejo del Poder Judicial propone reducir a la mitad los partidos judiciales

“Todos querríamos un juzgado en la puerta de casa, pero no es posible ni asumible”. Esa, sin paños calientes, es la conclusión del Proyecto de bases para una nueva demarcación judicial que el pleno del Consejo General del Poder Judicial someterá hoy a votación, y que plantea un mapa judicial para España totalmente nuevo: reducción de los partidos judiciales a la mitad, concentración de los juzgados y fin del modelo “un juez, un juzgado”.

El informe, de 117 páginas, ha sido elaborado por cuatro vocales del Consejo y es el penúltimo capítulo de una historia larga: desde 2001, varios Gobiernos han anunciado la reestructuración del mapa judicial para ahorrar costes y ganar racionalidad. El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —que ha encargado su propia propuesta a otro grupo de trabajo distinto—, también ha anunciado que lo hará.

Los vocales Manuel Almenar, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Gabriela Bravo firman la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras un trabajo de cuatro meses a propia iniciativa del Consejo. En ese informe plantean reducir a 199 los 431 partidos judiciales —la unidad jurisdiccional que atiende a varios municipios en cada provincia— que actualmente hay en España. Eso supone que todas las provincias perderían partidos judiciales (ver gráfico), y que muchos municipios se quedarían sin juzgado, porque estos serían previsiblemente agrupados en el territorio.

En las últimas dos décadas el número de jueces (hoy hay cerca de 5.000) y de juzgados (unos 3.500 unipersonales y 300 colegiados) no ha hecho más que crecer, aunque eso no ha evitado el colapso judicial. La Ley de Planta de 1988 estableció que cada partido judicial debía atender a una población de 50.000 habitantes y un territorio de unos 15 kilómetros de radio. Así, surgieron nuevas unidades judiciales en cada provincia. Pero ya desde el Pacto de la Justicia de 2001, dice el Consejo en su informe, se vio que esa fórmula estaba “desfasada” y había degenerado en una “dispersión excesiva”. Y desde entonces ha habido varias propuestas de “reestructurar la demarcación” concentrando los partidos.

La última propuesta, la que el CGPJ votará hoy, plantea: “Con carácter general, las circunscripciones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes”. Es decir, el doble de población por cada partido judicial, y bastante más lejos. Nada de “tener un juzgado en la puerta de casa”.

Porque, según el Consejo, tampoco es necesario que el ciudadano se desplace al juzgado salvo “en casos estrictamente necesarios”, existiendo como existen hoy “las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías”. Y porque ahora hay otro factor a atender: “La difícil situación económica que atraviesa nuestro país, que obliga a optimizar recursos”.

El informe sugiere que en cada partido se concentren “un mínimo de ocho juzgados” —aunque si se mantienen los 3.500 actuales tendrían que concentrarse bastante más—. Y subraya que esta nueva organización “

no tiene por qué suponer la desaparición de toda presencia judicial”; en algunos lugares se mantendrían servicios: “En un partido podrán permanecer los órganos civiles y en otro los penales; o en partidos en que el volumen de litigios no justifique el mantenimiento del juzgado en bloque, podrá valorarse la existencia de una oficina de presentación de escritos o de realización de diligencias”, señala el Consejo; pero también prevé la “simple desaparición” de juzgados.

Fuentes del Ministerio de Justicia, que trabaja en su propia propuesta pero en la misma línea de agrupar juzgados, admiten que este proceso, “aunque no se hará de golpe sino que durará años”, generará, como mínimo, “resistencias”: la de aquellos Ayuntamientos que pierdan su juzgado y la de los trabajadores que deban ser trasladados al reducirse los partidos judiciales. Pero insisten en que hay que “cambiar el modelo”. Para ahorrar costes y porque este no responde a criterios racionales según la carga de trabajo: “Hay juzgados saturados y otros en los que los jueces están mano sobre mano”, sostienen.