Convocar actos vandálicos será delito de organización criminal

La reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero, fundamentalmente después de los incidentes en Barcelona durante la huelga general, considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio de comunicación de actos que alteren gravemente el orden público. La pena mínima será de dos años para que los fiscales puedan pedir prisión provisional para sus autores.

"Es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico", ha asegurado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los pasillos del Congreso. Se trata, según sus palabras, de perseguir penalmente a aquellas personas que se concierten previamente para provocar de forma coordinada incidentes callejeros violentos o ataques contra las Fuerzas de Seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.

Hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza

Momentos antes, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, Fernández Díaz había justificado que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero, ante "la espiral de violencia" protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana". El ministro ya avanzó la semana pasada que esperan tener lista esta reforma penal antes de que acabe el año.

El titular de Interior también ha detallado hoy que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir entre las "modalidades de acometimiento" -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. A mediados de marzo informaba en el Senado de que se penaría con más severidad la desobediencia a la autoridad, una medida que parecía directamente relacionada con los altercados y las cargas policiales de Valencia, ocurridos en febrero durante las manifestaciones por la educación pública.

Además, se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirán como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos locales, sino también los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.

"Creemos que hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza", ha subrayado el ministro. Ha insistido en que "no es asumible" que la Policía pueda recibir insultos e injurias por parte de manifestantes sin que ello conlleve ningún castigo.

Durante sus primeros 100 días de Gobierno, el PP ha puesto en marcha más de una docena de reformas de artículos del Código Penal. El plan de Interior —que trabaja con el Ministerio de Justicia en una comisión bilateral en la que, entre otros, están los secretarios de Estado de ambos departamentos—, gira en torno a dos bloques: la lucha contra la multirreincidencia y el endurecimiento de las penas relacionadas con el mantenimiento del orden público. La tramitación de ambas reformas se va a separar en el tiempo, según el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, porque el Gobierno quiere dar cierta urgencia a la lucha contra los delitos de resistencia a la autoridad y el vandalismo. La idea del Ejecutivo es tener el primer proyecto de ley orgánica listo antes del verano y esperar un poco más para la otra parte de la modificación del código, relacionada con la multirreincidencia.

Los críticos aseguran que todos los Gobiernos, este y los anteriores, ceden a la tentación de echar mano del Código Penal cada vez que hay cualquier problema, y que esa forma de legislar ha provocado que las cárceles estén a rebosar. Ulloa, exfiscal, exmagistrado y exletrado del Tribunal Constitucional, responde: “Lo que planteamos con la necesidad de reformar la ley no es meter más gente en la cárcel porque sí, sino responder a tipos de criminalidad para los que en estos momentos no existe una respuesta eficaz que la ciudadanía está demandando”.

Cuando se lleve a cabo, será la reforma número 28 del Código Penal de 1995. La última modificación se produjo en 2010.