El Constitucional acumula retrasos de hasta 13 años en leyes polémicas

El Tribunal Constitucional tiene pendientes aún asuntos de hace 13 años y aunque la última reforma de su ley orgánica ha permitido poner al día la enorme bolsa de recursos de amparo pendientes, el retraso se centra ahora en los cerca de 450 asuntos que tiene que resolver el Pleno, entre los que destacan la ley del matrimonio homosexual, la doctrina Atutxa, o la ley del aborto. Con todo, el tribunal está a punto de entrar en el siglo XXI, ya que el único recurso que queda pendiente desde 1998 está a punto de resolverse y solo quedan dos de 1999.

La resolución más antigua que tiene pendiente el tribunal es un recurso de inconstitucionalidad del expresidente del Gobierno José María Aznar presentado en 1998 contra la Ley del Deporte del País Vasco, en cuanto atribuía a las federaciones vascas la representación exclusiva “en los ámbitos nacional e internacional”. El Gobierno la impugnó porque no tuvo en cuenta que la representación del deporte en las competiciones internacionales “corresponde a las federaciones españolas”.

Según fuentes del tribunal, este recurso se encuentra “muy avanzado” y a punto de resolverse, pues ha ido a cuatro o cinco plenos y ha pasado una segunda revisión. Menos avanzado está otro que guarda relación con él y entró en el tribunal en 1999, este contra la ley del Deporte del Parlamento de Cataluña que delimita las competencias en materia de “deportes, cultura y relaciones internacionales”.

La conmoción suscitada en mayo del pasado año por la legalización de Bildu y la airada reacción popular que cubrió de improperios al Tribunal Constitucional desanimaron a los magistrados a emprender nuevas polémicas. Los primeros recursos de amparo sobre la aplicación de la doctrina Parot, que extiende las condenas por varios delitos muy graves hasta el límite de 30 años de cumplimiento efectivo, pudieron quedar resueltos en julio del año pasado, pero lo impidió el desencuentro entre los magistrados. Desde entonces, y con la vista puesta siempre en la renovación de los magistrados que designa el Congreso, pendiente desde hace año y medio, el tribunal mantuvo un espeso silencio.

Al haber resuelto ahora los primeros 31 recursos sobre la doctrina Parot, que ha supuesto la excarcelación de tres etarras y la desestimación del resto, el tribunal se ha quitado buena parte de los 43 recursos de amparo avocados a pleno. Apenas un respiro, ya que acaba de admitir otros 25 recursos de presos a los que también se aplicó la misma doctrina.

Los magistrados han dedicado los últimos meses a sacar papel atrasado y muy antiguo: cuestiones de inconstitucionalidad que datan de 2001, 2005 o 2006 y hasta un recurso de inconstitucionalidad que 89 diputados del Grupo Socialista interpusieron hace ahora 13 años, en marzo de 1999, contra más de una veintena de preceptos de la Ley del IRPF de 1998. Aunque esa ley fue derogada en 2004, el tribunal aún declaró inconstitucional un inciso que tenía su importancia porque excluía de las deducciones a contribuyentes con hijos menores a los que prestaban asistencia económica porque no convivían con ellos.

En la actualidad, el retraso se mantiene en una situación estable, similar a la que había hace un año. La bolsa principal del retraso se sitúa en los 450 asuntos de pleno pendientes, principalmente recursos de inconstitucionalidad (214); cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces y tribunales (88) y alrededor de 70 conflictos positivos de competencia planteados por las comunidades autónomas.

En cambio, en los recursos de amparo, tras la reforma que estableció el filtro para su admisión, están prácticamente al día.

En los últimos cuatro años el tribunal ha resuelto más asuntos de los que entran, pero aún así quedan algunas leyes polémicas de la etapa legislativa de Zapatero que simbolizan el retraso que asfixia al tribunal. La más emblemática es la conocida como ley del matrimonio homosexual, recurrida por el PP en 2005 y que está pendiente desde entonces.

Desde 2005 está también sin resolver la exigencia de mayoría cualificada de los vocales del Consejo del Poder Judicial para el nombramiento de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo y altos cargos de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.

La conocida como doctrina Atutxa, que admitió la apertura de juicio a instancias únicamente de la acusación popular para una serie de delitos que afectan a intereses colectivos, fue elaborada por el Tribunal Supremo para condenar al entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por desobediencia. Su recurso de amparo está pendiente desde el año 2008, y constituye otro de los retrasos más relevantes.

Desde 2010 están pendientes los recursos del PP y del Gobierno de Navarra contra la ley de plazos del aborto, que han quedado relegados tras el anuncio del Gobierno del PP de hacer una nueva ley, por ahora de contenido ignorado. Relacionado con ellos, queda el recurso del PP contra la ley foral de Navarra que estableció el registro de médicos objetores a la práctica de abortos.

En cambio, el recurso de amparo de la formación abertzale Sortu puede ser el próximo asunto que resuelva el tribunal, quizá en los meses de abril o mayo.

El tribunal tiene pendientes otros muchos pronunciamientos de interés para los ciudadanos, aunque algunos son de factura más reciente. Por ejemplo, el recurso del Gobierno contra la ley valenciana de custodia compartida, que prevé que en caso de desacuerdo entre los progenitores prime la custodia compartida y la regule el juez, es el único que en el tribunal lleva el marchamo de “tramitación urgente”. También quedan pendientes tres recursos de amparo avocados a Pleno sobre la obtención de pruebas de ADN por parte de la policía sin autorización judicial, sobre restos abandonados por los sospechosos.

Cataluña, a la cabeza de las comunidades autónomas que más acuden al Constitucional, figura también entre las que suscitan más recursos. El Defensor del Pueblo ha impugnado la ley de acogida de los inmigrantes que da preferencia al catalán sobre el castellano. El PP ha recurrido también el Código de Consumo catalán, por endurecer las sanciones a los comerciantes que no rotulen en esta lengua, la ley del cine de Cataluña y la prohibición de las corridas de toros en la comunidad.