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El alcalde de Sant Boi niega trato de favor a un empresario amigo de Blanco

Jaume Bosch dice que no conoce al ex ministro de Fomento y nunca ha hablado con él

El regidor socialista dice al juez que la concesión de una licencia se adecuó a lo que marca la ley

El alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, a su llegada hoy al Tribunal Supremo.
El alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, a su llegada hoy al Tribunal Supremo.

El alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Jaume Bosch, ha negado que hubiera “trato de favor” a los empresarios de Transportes Azkar que gestionaron una licencia para una nave en el aeropuerto de El Prat, a preguntas de los informadores que le esperaban a la puerta del Tribunal Supremo. El regidor ha llegado poco después de las 11.30 al Tribunal Supremo para prestar declaración en las diligencias sobre la Operación Campeón, que instruye el juez de la Sala Penal José Ramón Soriano, en la parte que investiga al ex ministro socialista José Blanco por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Bosch se entrevistó con el vicepresidente de Azkar, José Ramón Orozco, tras una gestión del entonces Secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas. Blanco explicó en el Supremo que le trasladó este último asunto al secretario de Estado, pero sin darle instrucciones, y solo porque tenía interés en acelerar las expropiaciones de ese aeropuerto para comenzar las obras de ampliación cuanto antes. Previamente, Orozco, amigo de Blanco desde niño, había hablado con el ministro del retraso en al licencia porque la finca donde iba a estar ubicada la nave pertenecía a dos términos municipales.

El alcalde de Sant Boi ha mantenido públicamente que la concesión de la licencia, dado que la nave estaba situada en su término municipal, se adecuó en todo momento a lo que marca la ley y que la empresa solicitante cumplió todos los requisitos urbanísticos. Bosch aclaró que el industrial Orozco pidió la licencia el 15 de mayo de 2010 y la consiguió el 28 de febrero de 2011, nueve meses y medio después, sin que en el Ayuntamiento se adelantase su expediente sobre otros llegados antes.

En su declaración ante el juez, Bosch ha precisado que es alcalde de Sant Boi desde 2007 por el PSC, partido del que no recibe ninguna instrucción para influenciar en su actuación como alcalde. En su trabajo recibe constantemente a particulares y empresas, casi siempre personalmente, pero la concesión de licencias urbanísticas es cuestión de la Junta de Gobierno, y el nunca ha participado en los procedimientos administrativos.

Bosch ha reconocido que nunca ha recibido llamadas de cargos de la Administración para interesarse por el estado de las licencias, salvo en el caso de Orozco. Sobre el mes de enero de 2011, le llamó Isaías Taboas para ver si podía recibir a Orozco porque estaba interesado en instalar una nave en los terrenos de AENA, pero no le explicó el problema que tenían. Taboas no mencionó al ministro de Fomento José Blanco, al que Bosch no conoce.

El regidor socialista ha dicho ante el juez que si le hubiera llamado Orozco también le hubiera recibido. Tras la llamada de Taboas, recibió a Orozco con el técnico y el concejal de área. Los problemas técnicos del ayuntamiento de Sant Boi ya se habían solucionado, pero faltaba un informe de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), porque el terreno está entre los municipios de Sant Boi y El Prat.

Con Orozco se reunió el 9 de febrero de 2011. Como los problemas técnicos ya estaban resueltos y habían hecho los cambios necesarios, le dijeron a Orozco que cuando tuviera el informe de AESA no tendrían inconveniente en darle la licencia. Después de la reunión no informó a Taboas, aunque es posible que se lo comentara en algún acto. Bosch aseguró que con el ministro José Blanco no ha hablado nunca.

A preguntas del defensor de Blanco, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, Bosch ha precisado que consideró la llamada del secretario de Estado como un tema de su competencia, ya que la empresa de Orozco era de transporte en terrenos de AENA. El alcalde de Santo Boi ha sostenido que en ningún caso se vio condicionado por la llamada del secretario de Estado.

La licencia, que se había pedido en mayo de 2010, se resolvió en mayo de 2011. Bosch ha dicho que la duración fue “excesiva”, aunque ha añadido que muchas veces no es culpa de la Administración, sino de que no se aporta toda la documentación.