La oposición barrunta una ofensiva contra “el derecho” a protestar en la calle

“Dejad de retorcer el Código Penal”. Esta es la exigencia al Gobierno que ha lanzado la Izquierda parlamentaria y que va a plasmar en iniciativas urgentes para su debate en la Comisión de Interior y en el pleno del Congreso. El detonante de este movimiento lo ha activado el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien el martes anunció en el Senado un endurecimiento del Código Penal para los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. “Es una manera de amedrentar a los ciudadanos para que no se manifiesten y salgan pacíficamente a la calle contra el recorte de derechos”, sentencia el portavoz de Interior del PSOE, Pedro Muñoz. “La prepotencia y la ceguera de la mayoría absoluta ha empezado a nublar muy pronto la vista del Gobierno”, señala el portavoz de Interior de IU,  ICV, EuA y CHA, Ricardo Sixto. No albergan dudas de que estos anuncios tienen relación directa con la posibilidad real de que proliferen las protestas en la calle.

Ambos grupos de la izquierda han presentado, por separado, proposiciones no de ley para delimitar las actuaciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales y los ciudadanos. Y, además, para garantizar la protección del derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho constitucional de manifestación.

Las manifestaciones de jóvenes estudiantes en Valencia de hace dos semanas por los recortes educativos, que terminaron con unos altercados ocasionados por grupos minoritarios violentos, pueden terminar con un endurecimiento de las penas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Esta deriva ha causado estupor en las fuerzas políticas parlamentarias. “No hace falta; si hay excesos en esa materia el Código Penal recoge con toda claridad los tipos penales que pueden aplicarse a los infractores para que sean condenados”, replica el portavoz de Interior socialista, Pedro Muñoz, experto en materia de Justicia.

No les ha extrañado a algunos portavoces parlamentarias este anuncio de Fernández Díaz en la Cámara Alta después del planteamiento que él mismo hizo el día anterior sobre los acontecimientos de Valencia. A juicio del ministro, las fuerzas de seguridad actuaron de manera proporcional a la agresión que estaban sufriendo. “Todas las fuerzas políticas debemos oponernos a ese intento de amedrentamiento preventivo, cuando de lo que se trata es de defender y preservar el derecho de manifestación, no de reprimirlo”, señala Muñoz.

Desde esta perspectiva, la izquierda parlamentaria responde al intento de endurecer el Código Penal con iniciativas para la protección de los manifestantes. “El Congreso insta al Gobierno a que garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente en defensa de sus derechos”, señala la proposición no de ley del Grupo Socialista. “Evitar mediante el diálogo, la prudencia y, si fuera necesario, con un uso proporcional de la fuerza, que las manifestaciones legítimas acaben siendo utilizadas por elementos radicales que pueden producir disturbios”. La iniciativa socialista parte de la base de que la mayoría de los colectivos que se manifiestan en España lo hacen con responsabilidad y en “legítima respuesta a las medidas que ahondan en las desigualdades”.

Antes de que el Gobierno acometa cambios en esta línea, los grupos parlamentarios quieren llevar la iniciativa y contraatacar. El grupo de Izquierda Plural, frente “al palo y tentetieso” del Gobierno, pretende “ampliar los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión, con total respeto al trabajo policial”. En su proposición no de ley, se insta a elaborar “un protocolo” para delimitar las actuaciones de la policía. En ese protocolo se incluye la obligatoria identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad, así como limitar “las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas a las previsiones legales”. Se trata de no utilizar esa práctica “con fines intimidatorios”.

La grabación en vídeo y audio de las actuaciones policiales en sus dependencias se incluye también como una exigencia. Los diputados de la izquierda aseguran sentirse lejos de poner en tela de juicio la labor cotidiana de la policía pero sí ven la tentación gubernamental de tratar “la protesta legítima” como acciones antisistema .