Liérganes se queda sin policía local

El Consistorio cántabro justifica la supresión de dos auxiliares policiales con motivos económicos La oposición del PP denuncia “revanchismo” porque uno de ellos es familia del anterior alcalde

El pleno municipal del pasado miércoles es de los que tardarán en olvidarse en Liérganes. La decisión del Ayuntamiento de prescindir del servicio de los dos auxiliares de policía ha roto la tranquilidad en la población de casi 2.500 vecinos situada en el este de Cantabria. El Consistorio, gobernado por un pacto de socialistas y regionalistas desde el pasado mayo, alude a motivos económicos. Pero esas razones no convencen ni a la oposición del PP ni a los sindicatos policiales, quienes hablan abiertamente de “revanchismo” y “rencillas personales”.

El alcalde, Ramón Diego (PSOE), rechaza categóricamente esas acusaciones. “¿Enemistad personal? -se pregunta el regidor al otro lado del teléfono- pues el primer día podríamos haber tomado esa decisión”. Con voz pausada, Diego explica que su actuación se basa en “austeridad, austeridad y austeridad” desde que llegaron en junio pasado y encontraron una deuda que cifra en 1.300.000 euros. Dice que ello es lo que llevó a suprimir el sueldo de alcalde (él trabaja como funcionario en Santander) y que, tras tomar otras medidas de ahorro, “ahora toca el turno de personal”. Además, asegura, “no es cuestión de mandar a nadie al paro, sino de reorganizar servicios”.

La oposición denuncia una "venganza"

Pero sus explicaciones no convencen a la oposición. Ángel Bordas, portavoz municipal del PP, considera los motivos económicos “absolutamente falsos”. El que fuera alcalde del pueblo durante 12 años, en los que se aprobaron las plazas ahora suprimidas, sostiene que “detrás hay revanchismo y venganza”. “Las cosas no se hacen así –señala- se puede plantear un plan de empleo con los trabajadores y no echar a dos a la calle”. “Económicamente estamos en una deuda asumible”, añade a la vez que justifica, “por razones de imagen”, que el pueblo tenga policía cuando los turistas lleguen en verano para ocupar sus 400 plazas hoteleras. Bordas pone en duda que se vaya a recolocar a los dos funcionarios y asegura que el equipo de gobierno municipal ha actuado contra ellos porque uno es familiar suyo y porque han puesto multas de tráfico a algunos concejales.

“¿Enemistad personal? El primer día podríamos haber tomado esa decisión”, asegura el alcalde
La Asociación de Policías Locales cree que hay "rencillas personales" con el anterior regidor

“Igual se creó este puesto en su día para meter al sobrino carnal del alcalde y no hay necesidad”, replica Diego en su única incursión en el terreno personal. El resto de su argumentación, se basa sobre el segundo presupuesto. Dice que en una población dispersa como es Liérganes, el núcleo principal tiene unos 1.000 habitantes y el tráfico “es de un coche cada cinco minutos”. Sostiene, además, que los auxiliares de policía no pueden multar como venían haciendo porque no hay ordenanza municipal al respecto y que no pueden cumplir funciones de seguridad ciudadana, más allá del auxilio a ciudadanos en materia de protección civil. Por ello, el Consistorio entiende que “su supresión no afecta a la población” ya que, además, “el cuartel de Guardia Civil más próximo está en Solares, a cinco kilómetros”.

El tenso pleno de esta semana sirvió para traducir esa distancia en tiempo. Los agentes de la Guardia Civil “tardaron dos minutos en llegar”, cuenta el alcalde, cuando él mismo los llamo por la “algarabía” que había provocado la llegada desde toda la región de afiliados de la Asociación de Policías Locales de Cantabria (APLC). “Por parte de los vecinos no hubo altercados”, aclara Diego antes de zanjar: “Entiendo que el sindicato quiera defender esos puestos.

“Estábamos apoyando con nuestra presencia a los compañeros y sus familias porque están en un momento muy complicado”, explica Juanjo González, de la Junta Autonómica de la APLC. Ese sindicato policial considera que desde la llegada del nuevo equipo de Gobierno municipal se ha producido un “vaciado de competencias para justificar lo injustificable”. González sitúa en la celebración de unas elecciones sindicales, en las que salió como representante de los funcionarios municipales uno de los dos auxiliares de policía, el punto de partida para que se hayan reactivado “antiguas rencillas personales”.

De momento, el sindicato policial ha llevado el caso a los tribunales. Por ello, los abogados han recomendado a los dos funcionarios afectados por la medida que no hablen del tema, aunque uno de ellos confirma telefónicamente que, pasado el polémico pleno y pese a que el Ayuntamiento define ahora su situación "en expectativa de destino", de momento la misma rutina es la misma de siempre. Una rutina que, desde hace un mes, incluye patrullar a pie. Para algunos, una “vejación” innecesaria; para otros, una imagen más de esta España de vacas flacas.

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