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El fiscal destapa pruebas falsas de Dorribo contra Blanco por cohecho

El informe expone las numerosas contradicciones de las imputaciones de Dorribo La juez no quiso esperar y remitió la exposición razonada al Supremo

El fiscal de Lugo desechó la imputación del exministro José Blanco en el delito de cohecho que le atribuye Jorge Dorribo hasta que los indicios se confirmasen por una “fuente objetiva” y expuso las numerosas contradicciones en que incurrió el empresario gallego en sus acusaciones a José Blanco, según un informe que consta en las actuaciones cuyo secreto levantó el lunes el instructor del Tribunal Supremo.

En su informe, el fiscal indicó que la “fuente objetiva” para confirmar las acusaciones de Dorribo contra Blanco debía ser la prueba pericial de la documentación contable y bancaria y el examen de los distintos documentos aportados por Dorribo. Sin embargo, la juez no esperó el resultado de esos informes y elevó su exposición razonada al Supremo.

Primera versión. En lo que se refiere a las actuaciones relacionadas con el exministro José Blanco, el fiscal refiere que en su declaración de 8 de agosto de 2011 Jorge Dorribo, socio administrador de la farmacéutica Laboratorios Nupel implicó a diversos responsables públicos, entre ellos José Blanco.

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Dorribo dijo en esa comparecencia que ser puso de acuerdo con José Antonio Orozco, de Transportes Azkar, y de los socios de Proitec Carlos Monjero y Javier Rodríguez, para contratar al primo del ministro José Blanco, Manuel Bran, por “mucho más dinero” de lo que facturaría la empresa de instalaciones eléctricas de Bran. Dorribo concretó un pago de 40.000 euros que hizo en Andorra, por el que recibió posteriormente una factura por un importe inferior.

En esa misma comparecencia, Dorribo refiere la entrevista el 5 de febrero de 2011 en el coche del ministro José Blanco en el viaje desde el área de servicio de la A-6 en Guitiriz hasta un restaurante de Parga. En ese viaje, Dorribo le habló al ministro, según la versión del primero, de agilizar en el Ministerio de Sanidad las autorizaciones de los proyectos relativos a unos medicamentos en unidosis.

El fiscal detalla que a mediados de septiembre, el juzgado de instrucción recabó de Vigilancia Aduanera una selección de las transcripciones de las conversiones telefónicas intervenidas en la que hubiera participado el ministro José Blanco. Vigilancia Aduanera remitió unas transcripciones de conversaciones relativas a dos gestiones de las que José Antonio Orozco habló con José Blanco: la tramitación ante el Ministerio de Economía de una subvención del Banco Europeo de Finanzas y la licencia de unas instalaciones de Transportes Azkar en el Ayuntamiento de Sant Boi, en Barcelona. Vigilancia aduanera también envió las conversaciones relativas a la preparación, entre Jorge Dorribo y Bran de la entrevista de Guitiriz el 5 de febrero.

Segunda versión. En una nueva declaración, el 13 de octubre de 2011, Dorribo “omite la referencia al pago de los 40.000 euros en Andorra y modifica tal extremo relatando los dos pagos siguientes: uno de 90.000 euros en Andorra a Espiñeira, socio de Bran en la empresa Espiñeira y Bran” y otro cuya relevancia, según el fiscal, “no podía haberle pasado por alto en su declaración anterior: el de 200.000 euros en billetes de 500 en el área de servicio de Guitiriz, directamente entregados a Bran minutos antes de la llegada de José Blanco”.

Dorribo añadió que estos pagos se reflejaron en los movimientos de las cuentas bancarias y en la contabilidad B y aportó un documento elaborado por él sobre tales movimientos coincidentes con las fechas de las visitas del libro registro de visitantes de Nupel.

Gestiones informativas

El ex secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, y Javier Hurtado, ex jefe del gabinete de José Blanco durante la etapa de este al frente del Ministerio de Fomento, manifestaron ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que solo realizaron las gestiones informativas que les encargó Blanco.

Tanto Taboas como Hurtado, que declararon como testigos, dijeron ante el instructor del Supremo que el exministro nunca les encargó que realizaran gestiones para agilizar o conseguir licencias para ninguna empresa. Ambos negaron haber hecho gestiones por indicación de Blanco para que el Ayuntamiento de Sant Boi (Barcelona) concediese una licencia a Transportes Azkar para construir una nave en el aeropuerto de El Prat. Según dijeron, su intervención se limitó a interesarse por la situación administrativa en que se encontraba la nave, proyectada antes de que accediesen a sus respectivos cargos.

Taboas llamó al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, porque Blanco le había dicho que había un problema con esa empresa, y tras informarse, se ofreció a hacerle un contacto con el alcalde de Sant Boi. Llamó al alcalde, le preguntó si podía recibir a Orozco pero no hizo mención de “ninguna licencia”.

Sin embargo, añade el fiscal, “en el registro practicado en Nupel esa misma noche no se encontró nada más que el citado libro registro de visitas. Ni las fichas de contabilidad en las que Dorribo decía que se anotaban los pagos, ni la contabilidad B en los archivos de un ordenador”. Tampoco aparecen reseñados tales pagos en unas hojas de libreta manuscritas con pagos por fechas, “en las que sin embargo si aparecen reflejadas las cantidades correspondientes a Pablo Cobián”, el parlamentario de la Cámara gallega, también implicado en presunto cohecho.

Tercera versión. Al día siguiente, 14 de octubre, se produjo la tercera declaración espontánea de Dorribo. En ella añadió que los 200.000 euros correspondían a todos los socios de Salut e Innovació, y que de una cuenta de su esposa del Bancote crédito de Andorra se transfirieron 150.000 euros a una cuenta bancaria de los socios de Salut e Innovació “para que constara en esa cuenta de la sociedad que todos los socios contribuían al pago de los 200.000 euros”. Dorribo explicó que él aportaría 50.000 euros más en exclusiva porque obtendría mayores beneficios, pero que esa cantidad de 150.000 euros tuvieron que reintegrársela después.

Sin embargo, según el fiscal, aunque Dorribo dijo que en la cuenta de la sociedad debía figurar en fechas posteriores una retirada de 150.000 euros, se le exhibió a Dorribo el extracto de esa cuenta que tenía controlada el perito de la Agencia Tributaria, “donde no había llegado a producirse tal reintegro”.

Tras la elevación al Supremo de la exposición razonada, la prueba pericial determinó que el dinero de la cuenta de Andorra fue destinado a pagar los 600.000 euros del levantamiento del embargo de una farmacia andorrana adquirid por Dorribo.

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