El PSOE plantea el aumento de los plazos de prescripción y la revisión de las penas

Unir en una sola oficina todos aquellos servicios que se dedican a luchar contra el fraude e introducir cambios en la legislación. Estas son las claves de la propuesta hecha por el PSOE para combatir estos delitos. Entre las nuevas medidas legislativas, los socialistas plantean el aumento de los plazos de prescripción, así como la revisión de las penas. Esta iniciativa, que ya formaba parte del programa electoral del partido, será defendida la semana que viene en el Pleno de Congreso.

La denominada Oficina Integral contra el Gran Fraude y el Fraude Organizado, que tendría estructura central y territorial, integraría a los órganos intervinientes en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero, el fraude a la Seguridad Social, la economía sumergida, las tramas organizadas para la defraudación, prevención y represión del blanqueo de capitales y la lucha contra las vertientes financieras de la criminalidad organizada y la corrupción. La oficina debería tener “facultades más amplias” que los órganos que la forman. Entre otras funciones, el nuevo organismo se ocuparía de desarrollar planes antifraude desde el punto de vista tanto correctivo como preventivo y de implantar “un sistema estratégico de información fiscal y financiera para la lucha contra el fraude”.

El PSOE plantea además la necesidad de mejorar el intercambio de información entre la oficina e instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la Dirección General de Seguros. También quieren que se mejore el procedimiento para obtener autorizaciones judiciales. El objetivo, aseguran, es “homogeneizar el procedimiento actual y solucionar los problemas derivados de la dispersión y falta de especialización de los juzgados”. De hecho, se aboga por la especialización judicial, “más allá de la existente en la Audiencia Nacional”, para los delitos económicos más importantes.

La propuesta recoge además la creación de un nuevo procedimiento abreviado para la adjudicación y subasta de los bienes subastados. También habría que reformar los procedimientos judiciales abreviados y urgentes para esas prácticas ilegales, “creando un procedimiento abreviado especial en el que no se menoscabe el derecho a la defensa pero que permita acortar los dilatados plazos actuales”.

Los socialistas acompañan su propuesta con algunas experiencias internacionales como ejemplos similares a lo que ellos plantean. Citan la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; el Servicio Nacional de Investigación del HM Customs & Excise de Reino Unido; el servicio de investigación de la Administración fiscal y aduanera de Holanda, y la oficina de Crímenes Económicos y Financieros del Ministerio de Hacienda de Grecia.