El Ejecutivo de Rajoy prevé ahorrar utilizando edificios públicos vacíos

El Estado tiene un patrimonio inmobiliario espectacular. Y, sin embargo, muchas instituciones públicas están en edificios alquilados. Y ese, en plena época de crisis, es un centro posible de ahorro que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se dispone a explorar, según anunció ayer en el Senado.

No es la primera vez que un Gobierno intenta esa optimización de edificios públicos, que tiene múltiples complicaciones. Pero la vicepresidenta parece muy decidida, impulsada por la crisis y la necesidad de recortar todo lo posible, y además ofreció algunos datos que probarían que es posible.

Según el recuento que ha realizado su equipo para preparar la comparecencia de ayer, en la que por primera vez hablaba de este asunto, la Administración cuenta con 55.000 propiedades. Un patrimonio inmobiliario de enorme valor, aunque en plena crisis este se reduce y sobre todo se hace más difícil vender nada. Pero el dato más llamativo, para la vicepresidenta, es que a pesar de ese enorme patrimonio, el Estado se gasta cada año 100 millones de euros en alquileres.

No es tanto dinero dentro del enorme magma de los 44.000 millones que el Gobierno tiene que recortar para cumplir con Bruselas, pero la vicepresidenta cree que se puede eliminar ese gasto y que no tiene sentido. “Parece increíble que se gaste ese dinero en alquileres con el patrimonio que tiene el Estado”, señaló ante los senadores.

Sáenz de Santamaría ofreció otro dato aún más elocuente de ese supuesto despilfarro del patrimonio público. Según su estudio, solo en el centro de Madrid hay edificios sin utilizar por valor de 500 millones de euros. Por eso la vicepresidenta anunció un plan de reordenación de todo el patrimonio público. En realidad, de esas 55.000 propiedades, hay 4.000 solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero y miles de fincas rústicas. El Estado alquila a su vez, como arrendatario, hasta 1.000 bienes inmuebles urbanos. Uno de los ejemplos claros de desuso que ofrecía La Moncloa ayer es un edificio adscrito a la vicepresidencia en Madrid, en la calle de Medinaceli, que tiene 14.000 metros cuadrados sin utilizar.

Siempre en la línea de los recortes, la vicepresidenta también anunció que desaparecerán —a través de cierres o fusiones— el 20% de las empresas públicas que dependen de la Administración central. Es una cifra superior a la anunciada en un principio. Sin embargo, para la concreción habrá que esperar.

El otro gran asunto que centró la comparecencia es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es una de las promesas estrella de Rajoy. La vicepresidenta anunció que se va a acelerar. Ella asegura que va a ser muy ambiciosa y se presentará el 17 de abril en Brasilia, ya que España participará allí en un foro internacional Open Government, un proceso que lideran EE UU y Brasil para fomentar la transparencia de los Gobiernos. España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una ley de este tipo. El anterior Gobierno la prometió pero finalmente nunca la aprobó.

La vicepresidenta anunció que el Gobierno pretende ponerse “a la vanguardia mundial” en este asunto. La propia elaboración de la ley será novedosa. En abril se abrirá un proceso para que los ciudadanos puedan opinar a través de las webs del Gobierno. “Todas las personas públicas y privadas que tomen decisiones que afectan a los ciudadanos tendrán obligaciones claras de publicidad activa”, señaló la vicepresidenta.

Dentro de la Ley de Transparencia el PP también colocará otro asunto muy polémico que no está directamente relacionado con la transparencia sino con la gestión y la voluntad del Gobierno de forzar a todos los gestores a buscar el control del déficit. Se reformará el Código Penal para que haya sanciones —inhabilitaciones— a quienes incumplan los objetivos de deuda o déficit, asuman gastos sin respaldo presupuestario u oculten facturas, según la vicepresidenta.