El fiscal y la juez investigaron en secreto la trama de corrupción

El fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, y la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, han investigado en secreto durante meses a los integrantes de la trama de corrupción organizada para saquear las subvenciones de cooperación internacional de la Generalitat en la época de Rafael Blasco como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, que dieron origen a la investigación, se produjeron en octubre de 2010 y el fiscal especial denunció el caso en el juzgado el pasado mes de mayo, extremo que se mantuvo en secreto hasta que el jueves, en una espectacular operación, fueron detenidas 14 personas, entre ellas el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, el subsecretario de Sanidad, Alexandre Català, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares.

Hay una serie de medidas que la fiscalía no puede ordenar sin respaldo judicial. Son las relativas a los derechos fundamentales en los supuestos en que no hay autorización por parte de los afectados. Es el caso de la intervención de las comunicaciones, sean telefónicas, postales o a través de Internet. También se requiere la intervención de un juez para registros domiciliarios, como los que se produjeron el jueves en la operación.

Los 14 detenidos en la operación comenzaron ayer a desfilar ante la juez Nieves Molina. Y los primeros en prestar declaración fueron los más alejados del círculo de poder tejido en torno a una red de empresas de asesoría y de organizaciones no gubernamentales (ONG), creadas al calor de las cuantiosas ayudas al tercer mundo concedidas entre 2008 y 2009 por la antigua Consejería de Solidaridad bajo el mandato de Rafael Blasco.

El primero en pasar a disposición judicial, que comenzó a prestar declaración ayer a las 10.30, fue Fernando Darder, presidente de la organización no gubernamental Esperanza Sin Fronteras. Darder permaneció declarando casi cuatro horas y quedó en libertad, aunque no trascendió con o sin cargos. Ya por la tarde le tocaba el turno a Christine Bernadette, española de origen camerunés y presidenta de Ayuda para la salud y el desarrollo de los más necesitados de África (Asade África). Otro de los detenidos cuyo nombre trascendió ayer mismo fue Rafael Barrera Cuquerella, presidente de Fudersa.

Faltan por pasar ante la juez los responsables de las consultoras y los altos cargos de la Administración.