Una revolución conservadora

Mariano Rajoy ha definido la actitud adoptada por su Gobierno ante la crisis como “coger el toro por los cuernos”. La metáfora es muy adecuada si pensamos en los vientos de entusiasmo taurino que soplan desde que el PP llegó al poder. Por eso resulta lógico que el mismo ministro que nada más tomar posesión, y aupándose sobre unas citas falsas, suprimió la enseñanza de Ciudadanía, proceda en cambio a exaltar esa manifestación de altos valores culturales que es a su juicio la fiesta de los toros. Nos encontramos en vísperas del segundo centenario de la Constitución de Cádiz, la ley fundamental que contempló a los españoles como ciudadanos. Nada tiene de extraño que el nobilísimo concepto de “ciudadanía” tenga que desaparecer cuando bajo la costra tecnocrática se afirma la mentalidad tradicionalista y antipopular que uno de nuestros ilustrados, León de Arroyal, denunció en su panfleto Pan y toros.

Hoy la palabra “pan” debe ser sustituida por otras menos gratas. Desde la instalación del nuevo Gobierno, el discurso oficial ha abandonado los toques de erróneo optimismo que caracterizaron a las intervenciones de Zapatero, sustituyéndolos por un panorama apocalíptico, regido por una variante de la conocida medalla del amor: hoy peor que ayer, mejor que mañana. Desde el punto de vista de la sinceridad política, tal diagnóstico sería estimable. Solo que detrás de la cortina de humo, cobra forma siempre la autojustificación: únicamente es posible hacer lo que el Gobierno hace por el bien de todos los españoles. Con una consecuencia: entramos en un tiempo de sacrificios que inexorablemente han de ser aceptados. Aquellos que se opongan a la política previsible de recortes y recortes, señalando a los sindicatos y al PSOE, “se quedarán solos”, expulsados a las tinieblas exteriores.

En realidad, ya están solos, dado el sentido unidireccional que el PP confiere a su política de reformas, sin que en el Parlamento ni en la sociedad tropiece con poder compensatorio alguno. El Gobierno insiste machaconamente en que las restricciones para la mayoría son dolorosas e inevitables. Pero no menciona la enorme desproporción al asignar las cargas impuestas y, como ha explicado en estas páginas Joaquín Estefanía, la ruptura definitiva de equilibrio de poder que el decreto introduce en el seno de la empresa. El PP es el “partido de los empresarios”, descritos como espíritus puros que desde su conocimiento del mercado, si reciben alicientes y subvenciones, relanzarán la economía, y con ello el empleo. Y es claro que a esos efectos conviene minimizar el coste del trabajo, despedir sin obstáculos. Amén. En el discurso popular-patronal, así como en sus medios, significativamente no tienen cabida el término ni la realidad del trabajador, privado como tal ante la opinión de visibilidad alguna. Por eso el desagradable espectáculo de los desahucios ha movido a la intervención del Gobierno, pero sin imponer nada, respetando a los respetables, como petición de generosidad a la Banca. Y Botín aún se queja de los políticos.

Los voceros del poder presentan a los defensores de la seguridad en el empleo como nostálgicos de Franco, y es que efectivamente la nueva situación anula, no solo lo logrado en democracia, sino la mejora de condiciones de salario y trabajo arrancada penosamente por la lucha sindical durante el tardofranquismo. Parecen ignorar que la previsible caída en picado de los salarios llevará verosímilmente a un descenso aún más agudo de la demanda, a más fábricas cerradas y más tiendas vacías. La reforma laboral era necesaria. Tal como se ha hecho gustará a los especuladores y a la Merkel, pero representa la injusticia sumada al riesgo.

La alternativa existe, aunque el PP dejaría de serlo si la adoptase: compensar los sacrificios con una acción determinada contra la evasión fiscal de quienes se encuentran en los niveles superiores de propiedad y de ingresos. No imaginamos a Rajoy, ni tomando en consideración el caso Gürtel, ni ordenando como Monti en Italia redadas que permitan identificar a las categorías profesionales que eluden el IVA, circulan en vehículos de lujo con declaraciones de renta irrisorias o han practicado arbitrios fraudulentos como los exhibidos en el caso Nóos. Y si esos no pagan, los de abajo deben abonar la cuenta.

Están solos. Eliminado Garzón, ha tocado a los sindicatos recibir todas las cargas de cieno de los medios progubernamentales: borrachos, parásitos, residuos de un pasado a eliminar. En su descalificación, nuestra derecha recupera un lenguaje viejo y agresivo. Y no percibe que sin los sindicatos la protesta inevitable se haría bajo el signo de la violencia.