El Gobierno ordena no intervenir a la policía aunque haya “provocaciones”

El Gobierno está muy preocupado por el alcance de las protestas de jóvenes en Valencia. Considera que si no se actúa con prudencia puede prender la chispa que se ha iniciado con las primeras movilizaciones de estudiantes en contra de los recortes presupuestarios en la Comunidad Valenciana. Según fuentes del Gobierno, el primer objetivo es el de intentar, en lo posible, transmitir esa tranquilidad, entre otras cosas por la pésima imagen de España que se podría dar. Esta situación tiene como fecha clave la de las Fallas, en las que se producirá una importante presencia de jóvenes y también estará la ciudad en el objetivo de medios de comunicación internacionales.

“España no es Grecia”, asegura un miembro del Gobierno para intentar evitar que prendan los enfrentamientos entre jóvenes y policías. Para eso, el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández ha dado orden a la policía de restringir al máximo las intervenciones, aun a costa de aguantar hasta el límite posible incluso provocaciones. Ya el martes la policía no cargó en Valencia y ayer tenía órdenes de no hacerlo tampoco, salvo que hubiera comportamientos violentos. Es decir, se ha producido un cambio en la actuación de los responsables policiales con respecto al inicio de la protesta en Valencia. La idea es la de transmitir firmeza, pero evitando que se repita la confrontación entre agentes y jóvenes. No habrá desautorización policial, pero sí propósito de evitar situaciones conflictivas, incluyendo expresiones como la de “enemigos” pronunciada por el máximo mando policial en esa comunidad en referencia a los jóvenes manifestantes.

Por otro lado, la actuación del Ministerio del Interior se centra en intentar averiguar qué ocurrió exactamente los dos primeros días de enfrentamiento. Para eso, la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, ha abierto un expediente informativo, coordinado por el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa.

Los datos recabados servirán para la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández, en la comisión del Congreso. La comparecencia se producirá a petición propia y podría demorarse aún dos semanas, según fuentes parlamentarias.

 El ministro aprovechó la sesión de ayer para despachar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo explicaron que fue un encuentro rutinario y no tuvo como asunto central los sucesos de Valencia. Aseguran que la mayor parte de la conversación se centró en la lucha antiterrorista y especialmente en el texto pactado el martes por todos los partidos con representación parlamentaria, salvo UPyD y Amaiur.

Rajoy ya expresó el martes en Londres su preocupación por lo ocurrido en Valencia.

Pese al propósito de enfriar en lo posible el conflicto, fuentes del Gobierno aseguran que las movilizaciones de los jóvenes de Valencia han sido agitadas, incluso desde el PSOE, tal y como aseguró ayer abiertamente en el Congreso el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La intención de La Moncloa, no obstante, es la evitar la confrontación y cualquier expresión que avive las protestas.

Según esas fuentes, el Gobierno daba por hechas las protestas, como continuidad de las del Movimiento 15-M. También explican que la debilidad del PSOE hace mucho más difícil afrontar una protesta que carece de líderes claros a los que poder hacer frente. Su carácter incontrolado hace mucho más difícil afrontar el fenómeno.

El comisario general de seguridad ciudadana, Florentino Villabona, mantuvo ayer una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, después de haber sido enviado por la dirección general de la Policía Nacional el pasado martes a Valencia para intentar recuperar la normalidad tras las cargas policiales del pasado lunes. Junto a Villabona, según informó la cadena SER, se desplazaron a Valencia tres grupos de antidisturbios, cada uno integrado por unos 50 agentes, como unidades de refresco.

Interior se propone recuperar la calma dando descanso a los hombres que participaron en las cargas contra los estudiantes y retirando del foco de los medios de comunicación al jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, que utilizó una terminología bélica para explicar los incidentes. Moreno, que calificó de “el enemigo” a los estudiantes, compareció de paisano el lunes en la rueda de prensa, lo que le ha valido las críticas del sindicato policial SUP, porque tuvo que regresar con urgencia de Madrid a la vista del desarrollo de los acontecimientos.

Dos agentes de la policía nacional admitieron ayer que sus superiores les mandaron “dar caña a la mínima que se desborde la protesta” y que entre los manifestantes había encapuchados y algunos alborotadores que solo buscaban enfrentarse con la policía.

Sánchez de León, se reunió ayer con los rectores de la Universitat de València, Esteban Morcillo, y de la Universidad Politécnica, Juan Julià, que reclamaron que se retiren los cargos presentados contra los estudiantes detenidos en los últimos días. La delegada también se entrevistó con la directora del instituto Lluís Vives, Carmina Valiente, que reclamó que “se depuren responsabilidades por la desmesurada actuación policial” y que se limpien los expedientes abiertos a los detenidos.

La ronda de entrevistas de la delegada concluyó con el Síndic de Greuges —el equivalente autonómico al Defensor del Pueblo—, José Cholbi, que abrirá una investigación después de haber recibido más de 40.000 quejas a través de Internet y otras 500 por escrito por la desproporcionada actuación de la policía en Valencia.