El instructor traslada a las partes la petición de imputar a la Infanta

El seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que se personó a última hora en el caso Urdangarin, reclama la imputación de la infanta Cristina, esposa de Iñaki Urdangarin. El juez José Castro trasladó ayer esa petición a las otras partes personadas para que, según está establecido, se pronuncien sobre la oportunidad de implicar judicialmente a la hija menor del Rey. La Fiscalía Anticorrupción, la abogacía del Gobierno de Baleares y el resto de letrados defensores que intervienen en el caso deberán formular su posición en cinco días, en un cómputo que comienza el 28 de febrero, tres días después de la declaración del duque de Palma. El juez adoptará después la decisión oportuna.

Hace semanas, el instructor y los fiscales anticorrupción mantenían que la infanta Cristina estaba fuera del círculo decisorio de la trama del Instituto Nóos, de acuerdo con la información recabada y los relatos recogidos de testigos e imputados. El pasado sábado, el antiguo amigo de los duques de Palma, el imputado arrepentido José Luis, Pepote, Ballester, exoneró expresamente a la Infanta en una declaración en la que imputó a su esposo y al expresidente Jaume Matas.

Copropietaria

La Infanta fue vocal de la junta del Instituto Nóos en sus inicios y es copropietaria de la empresa patrimonial familiar Aizoon, que el duque usó para facturar servicios bajo sospecha en la red de empresas analizadas en la causa. Aizoon es titular de la mansión que el matrimonio posee en Barcelona, valorada en más de seis millones.

Manos Limpias, en las dos sesiones de interrogatorios a imputados en los que ha tomado parte desde su personación, ha actuado centrado en el objetivo de pedir la imputación de la Infanta. Sus preguntas se fijaron en el rol de la esposa de Urdangarin. El seudosindicato ultra aseguró en su escrito al juez que Cristina de Borbón fue “beneficiaria directa” del incremento patrimonial y de los ingresos logrados de forma supuestamente ilegal por el duque de Palma. La letrada de la acusación popular cree que la hija del Rey fue “actora directa —por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria— y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin”.

Manos Limpias quiere imputar a la Infanta por ser “conocedora de las argucias financieras fraudulentas” para evadir impuestos a Hacienda y que, además, “ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras”.