El juez imputa a otro excargo de Camps en el 'caso Urdangarin'

El juez que instruye el llamado caso Nóos ha imputado a un cuarto cargo del gobierno de Francisco Camps por los pagos efectuados a la entidad que presidía Iñaki Urdangarin. Se trata de la exsubsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, que autorizó parte del pago del contrato para la celebración de unos Juegos Europeos, por más de tres millones de euros que nunca se celebraron.

Villalonga declaró el jueves ante la comisión que se trasladó desde Palma a Valencia, en la que también fue interrogado, en calidad de imputado, Miguel Zorío, propietario de la empresa Lobby Comunicación, que facturó más de 600.000 euros a Nóos.

La Generalitat ya entregó a los juzgados las facturas por el pago de unos 382.000 euros que la administración autonómica pagó por las gestiones realizadas para la celebración de los juegos, aunque nunca llegaron a convocarse. Sin embargo, entre la documentación no figura el informe técnico preciso para autorizar el pago que autorizó Isabel Villalonga que en su declaración alegó que este se perdió en un traslado de despachos. La exsubsecretaria de Presidencia trabaja ahora bajo las órdenes de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, quien ya ha asegurado que la mantendrá en su puesto porque confía "absolutamente en la profesionalidad, la labor, la honestidad y la integridad" de Villalonga.

Además de los pagos por las gestiones realizadas para la celebración de esos juegos, el Instituto Nóos cobró de la administración valenciana, entre 2003 y 2006, otros tres millones de euros por organizar tres ediciones del certamen Valencia Summit. Los tres certámenes celebrados en Valencia costaron 900.000 euros anuales, financiados al 50% por la fundación municipal Valencia Convention Bureau y por CACSA. Pero también se pagaron cientos de miles de euros en gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes.