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UPyD recopila "numerosas evidencias" de los vínculos de Bildu y Amaiur con ETA

El partido de Rosa Díez insta al Gobierno a iniciar la ilegalización de ambas formaciones

El martes el Congreso votará la moción en la que lo solicita

El Gobierno quiere esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de Sortu

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, saluda a la líder de UPyD, Rosa Díez, en la sesión de control al Ejecutivo.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, saluda a la líder de UPyD, Rosa Díez, en la sesión de control al Ejecutivo. EFE

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) someterá el próximo martes a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a iniciar el proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur, una petición que sustenta en las "numerosas evidencias" que ha recopilado y que, a su juicio, demuestran el vínculo de ambas formaciones con el entramado de ETA y Batasuna.

En su moción, que tiene un total de 10 folios, UPyD hace un repaso, aportando numerosos ejemplos, de los incumplimientos de la Ley de Partidos en los que, desde su punto de vista, han incurrido tanto Amaiur como Bildu. Según el partido de Rosa Díez, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que dio vía libre a Bildu para presentarse a las elecciones municipales, se ha producido hechos "tanto activos como tácitos o pasivos" que "acreditan la instrumentalización de ambos proyectos políticos por el entramado de ETA / Batasuna y su puesta al servicio de los partidos políticos previamente disueltos por su vinculación con la citada organización terrorista".

Entre las evidencias de que las dos coaliciones "forman parte de lo que los tribunales calificaron como marca blanca de ETA", la formación relata que, desde su entrada en las instituciones, Bildu ha ido colocando en puestos administrativos a varios cuadros y dirigentes de organizaciones anteriormente ilegalizadas por su relación con la banda terrorista. En concreto, cita un total de ocho nombramientos de personas procedentes de Herri Batasuna o de formaciones creadas con posterioridad: por ejemplo, el del jefe de gabinete del Diputado General de Guipúzcoa Martín Garitano, Iñaki Errazkin, exalcalde de Azpeitia por ANV, "otra de las marcas sucesoras de la ilegalizada Batasuna".

A esto se une, en opinión de UPyD, que representantes de Bildu como el propio Garitano han mostrado públicamente su apoyo al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, encarcelado por su pertenencia a ETA, así como los reiterados homenajes a otros presos de la banda que han tenido lugar en localidades gobernadas por esta coalición. La formación que lidera Díez también recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aseguró en la sentencia con la que avaló la ilegalización de Batasuna que "la mera ausencia de condena" del terrorismo hubiera sido "suficiente" para evidenciar el "compromiso con el terror" de aquella formación.

Este mismo motivo puede emplearse, a su juicio, para instar la ilegalización de Bildu y Amaiur, a las que también podría achacarse una "pertinaz obstinación en no pedir a ETA su disolución". "Dichos elocuentes silencios son hoy más graves, si cabe, que los realizados con anterioridad, pues se realizan desde la autoridad que les conceden las nuevas responsabilidades institucionales que actualmente ocupan", argumentan.

La moción que presenta UPyD en el Congreso es consecuencia de la interpelación que Rosa Díez formuló al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja. En el debate, la dirigente acusó al Ejecutivo del PP de “cobardía” por no querer instar a la ilegalización de Amaiur. El ministro replicó a Díez tachándola de "oportunista" y le aconsejó esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso que Sortu presentó contra la decisión del Ministerio del Interior de no registrarla como partido político, lo que impidió que concurriera a las elecciones municipales de mayo de 2011.

Las de Fernández Díaz no fueron las únicas críticas que recibió la líder de UPyD por censurar la política antiterrorista del Gobierno. El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, advirtió de la dirigente que "no es una persona de fiar porque es capaz de defender con la misma vehemencia los GAL y las negociaciones de Argel", el frustrado proceso de negociación que el Ejecutivo y la banda mantuvieron allí en 1987.