Marlaska, favorito al puesto clave de la Audiencia que ocupa el juez del 11-M

Un Consejo General del Poder Judicial de teórica mayoría progresista no ha logrado preseleccionar ni un solo magistrado de esa sensibilidad para la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, un puesto clave para el fin de ETA, al dirigir la sección que tiene la última palabra sobre los beneficios penitenciarios para presos de la banda. La comisión de calificación del gobierno de los jueces eligió ayer a Javier Gómez Bermúdez, el presidente saliente; Fernando Grande-Marlaska, titular del juzgado Central de Instrucción 3; y Teresa Palacios, magistrada de la sección cuarta de ese tribunal, para formar la terna entre la que tendrá que elegir el pleno de la institución si, a última hora, los vocales no introducen ningún otro nombre para la votación final.

Entre los tres candidatos seleccionados, el que, en principio, cuenta con mayores opciones a hacerse con el nombramiento es, según fuentes del Consejo, Grande-Marlaska, que sustituiría en el cargo a Javier Gómez Bermúdez, el magistrado que presidió el juicio del 11-M. El handicap del presidente saliente es la división del grupo progresista. Una parte lo apoya, pero el sector cercano a Margarita Robles y los vocales conservadores lo rechazan en bloque. El nombramiento exige el voto de 11 de los 21 vocales del pleno.

El Consejo no ha preseleccionado a ningún candidato progresista

Ese rechazo a Bermúdez lo escenificó ayer la propia Robles durante las entrevistas a los siete candidatos. Bermúdez explicó en la suya el nuevo sistema de reparto de asuntos ideado por él y aprobado por la Sala de Gobierno de la Audiencia el pasado noviembre. Tras su exposición, Robles preguntó la opinión del resto de candidatos sobre el nuevo sistema y si se había consensuado con el resto de magistrados de la Sala. Los seis candidatos destinados en la Audiencia Nacional (todos menos Juan Pablo González, de la Audiencia de Madrid) manifestaron públicamente su oposición al proyecto de Bermúdez. “Se presentó como una cosa hecha, en absoluto se consultó”, llegó a decir Alfonso Guevara, presidente de la sección tercera. “Es un sistema complicadísimo”, añadió el candidato Javier Martínez Lázaro.

Robles escenificó su rechazo a Bermúdez en las entrevistas a los postulantes

Bermúdez fue elegido presidente en 2006 con los únicos votos de los conservadores del anterior Consejo. Los vocales a propuesta del PP lo encumbraron al puesto hasta en tres ocasiones, después de que el Tribunal Supremo anulara dos veces su nombramiento porque el Poder Judicial no había motivado su elección. Pero la sentencia del 11-M, que desterró todos los bulos conspirativos difundidos desde ese partido, le granjeó enemistades en medios y sectores afines a esa formación. Esos mismos medios cuestionaron su decisión de llevar a pleno el recurso contra el proceso de tres cargos policiales de Interior —cuando lo dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba— por el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún, aunque fueran todos los magistrados de la Sala los que, por unanimidad, enterraron el caso.

Pero la decisión más sorprendente de la comisión de calificación —formada por los progresistas Manuel Torres-Vela (presidente), Félix Azón y Ramón Camp, y los conservadores Claro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel— fue la exclusión, a la primera de cambio, de Martínez Lázaro, el único candidato progresista, exvocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE y miembro de Jueces para la Democracia. El apoyo público que ha mostrado a Baltasar Garzón durante los tres procesos que se han abierto contra él en el Tribunal Supremo, uno de los cuales, el de las escuchas a los abogados de la trama Gürtel, lo ha expulsado de la carrera, ha podido lastrar su candidatura, según fuentes del Consejo. La entrada de Teresa Palacios en la terna, según las fuentes consultadas, se debería a que es la magistrada más antigua de la Audiencia Nacional, aunque su falta de experiencia en puestos gubernativos juega en su contra.

La decisión final se adoptará, previsiblemente, en el pleno convocado para el 23 de febrero, el mismo en el que se consumará la expulsión de Garzón.